Colombia se encuentra en una encrucijada energética. A pesar de contar con uno de los sistemas eléctricos más robustos de la región, el desarrollo de energías renovables no convencionales, especialmente la eólica en La Guajira, enfrenta obstáculos que amenazan la seguridad del suministro a futuro.
Ricardo Sierra, líder de Celsia, plantea una hoja de ruta clara para superar el estancamiento provocado por las consultas previas y las licencias ambientales, señalando que la capacidad de producción de esta región es tan vital para el país como lo fue en su momento el oriente antioqueño.
Según Sierra, “si los proyectos eólicos que estaban proyectados hace ocho años en La Guajira hubieran entrado en operación a tiempo, el país no estaría enfrentando actualmente discusiones sobre la insuficiencia de la oferta energética”.
La realidad actual es drástica: mientras algunos proyectos han fracasado o se han retirado, empresas como Celsia han tenido que trasladar equipos a otros países como Perú, donde los trámites de licencias socioambientales son más simples y expeditos.
“Nosotros nos fuimos para el Perú con todos los equipos que teníamos comprados y allá estamos volando, el manejo allá de permisos, de la licencia social ambiental que se necesita es mucho más simple que el de acá, que el de algunas regiones, porque acá también hacemos proyectos en otras regiones que funcionan muy bien”, anotó.
Reformas urgentes al sistema de consultas
Para el presidente de Celsia, la solución no consiste en “satanizar” la consulta previa, a la cual califica como un mecanismo positivo, sino en procedimentarla y regularla para evitar que se convierta en un freno indefinido. Entre sus propuestas principales destacan:
Reforma a la Ley de Consultas Previas: Se requiere una normativa que facilite la conversación con las comunidades, estableciendo reglas y plazos claros que no suspendan la ejecución de los proyectos.
Censo claro de comunidades: Sierra enfatiza la necesidad de un sistema de información confiable. Actualmente, un proyecto puede iniciar con 50 comunidades y terminar con 120, lo que hace que cualquier plan financiero sea insostenible.
La Corte Constitucional ya ha solicitado al Gobierno determinar con precisión cuáles y cuántas son las comunidades, una tarea aún pendiente.
El Estado como negociador previo: Una de las ideas más innovadoras sugiere que el Gobierno negocie de antemano con las comunidades para identificar sus necesidades. De este modo, el Estado crearía un “pliego licitatorio” socioambiental que el sector privado incluiría en su ecuación financiera desde el inicio, eliminando la incertidumbre de las negociaciones directas empresa-comunidad que suelen desgastar los proyectos.
Lecciones de éxito y contrastes
El modelo peruano sirve como referencia para Sierra, donde el gobierno asume la consulta en tramos complejos de infraestructura, permitiendo que el sector privado avance en el resto.
En contraste, en el ámbito local, Celsia resalta la experiencia positiva del proyecto eólico Carreto, en el Atlántico. A diferencia de La Guajira, en Carreto la existencia de pocas comunidades facilitó una conversación fluida y el proyecto ya se encuentra en fase de pruebas técnicas, inyectando energía al sistema.
Para Sierra, el recurso eólico de La Guajira es uno de los mejores del mundo y debe seguir siendo una prioridad nacional que traiga desarrollo y riqueza a las comunidades locales, siempre y cuando se logre “encontrar la comba al palo” a través de un marco regulatorio eficiente.

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