El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, calificó como descabellada y absurda la reciente decisión del Gobierno Nacional de imponer una contribución parafiscal del 2.5% sobre las utilidades de las empresas generadoras de energía.
Según Acosta, esta medida busca que las propias generadoras financien la deuda que la intervenida empresa Air-e tiene con ellas, creando un ciclo financiero sin sentido que pone en riesgo la estabilidad del sector.
De acuerdo a lo expresado por el experto en declaraciones a El Norte, el mecanismo dispuesto el Gobierno Nacional en el decreto establece un camino ineficiente para los recursos.
Las generadoras pagan el 2.5% de sus utilidades antes de impuestos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos; el fondo traslada ese dinero a Air-e y esta empresa distribuidora utiliza esos mismos recursos para pagar las deudas que tiene con las generadoras que originalmente aportaron el capital.
Para el exministro, este proceso es “la vuelta del bobo”, pues hubiera sido más sencillo permitir que las empresas castigaran la deuda en sus balances en lugar de obligarlas a este movimiento circular.
Riesgo de un apagón financiero
El experto advirtió que esta medida agrava la situación de las empresas generadoras, especialmente las térmicas, acercándolas a un punto crítico. Señaló que Entre las consecuencias principales se destaca la dificultad operativa.
“Las generadoras tienen obligaciones con proveedores que no podrán cumplir si no reciben pagos reales por la energía vendida”, explicó Acosta Medina.
Otra consecuencia es el cierre de créditos bancarios, pues al no tener garantías de ingresos, los bancos podrían cerrar las líneas de crédito a las empresas del sector.
Y lo anterior trae consigo una seria y grave amenaza al servicio. Aunque el Gobierno argumenta que la medida protege al usuario, Acosta sostiene que, al debilitar a las generadoras, se pone en riesgo la prestación del servicio de energía.
Un Gobierno “encartado” con Air-e
El exministro señaló que desde la intervención de Air-e en septiembre de 2023, la Superintendencia no ha logrado darle la solvencia y liquidez necesaria a la compañía.
Subrayó que el Gobierno Nacional está “dando palos de ciego” y pretende descargar su responsabilidad sobre las demás empresas del sector.
Finalmente, enfatizó que sacrificar a las generadoras para intentar salvar el servicio en los departamentos donde opera Air-e es un mensaje negativo para el mercado y los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, que ya han advertido sobre el riesgo inminente de un apagón financiero.
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