Los gremios del sector energético están muy preocupados por la iniciativa legislativa que impulsa el Gobierno Nacional, que apunta a establecer mecanismos en relación con el régimen tarifario del servicio de energía eléctrica.
Se trata de un anteproyecto de ley cuyo contenido se conoció y que busca la implementación de medidas de control a las tarifas para no afectar el bolsillo de los usuarios. Las organizaciones gremiales eléctricas consideran que las disposiciones planteadas generarían consecuencias negativas para los colombianos, especialmente los más vulnerables.
El pronunciamiento está contenido en una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, y la firman presidentes y directores ejecutivos de Andesco, Acolgen, ANDEG, Asocodis, Naturgas, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, ACCE, Agremgas, Gasnova, Andi y Asoenergía.
Estas organizaciones reconocen la intención del Gobierno Nacional de identificar mecanismos que permitan aliviar la carga tarifaria para los usuarios, destacando el interés de separar de la factura de energía del cobro de tasas e impuestos externos al servicio, así como la búsqueda de mejoras a la focalización de los subsidios para que estos lleguen sólo a las personas más vulnerables; sin embargo, cuestionan el efecto que tendrá en la práctica la mencionada iniciativa.
“La citada iniciativa legislativa, bajo los términos en ella planteados, no permitirá lograr beneficios eficientes y sostenibles hacia una reducción tarifaria en el corto plazo para los usuarios, y, muy por el contrario, puede afectar el bienestar de los ciudadanos y del país en su conjunto”, expresaron los gremios.
Tras rebatir cada uno de los puntos de la propuesta legislativa, que a su juicio tendrían un notorio impacto negativo en el sector, los gremios energéticos han enfatizado en que la mitigación tarifaria debe lograrse a través de decisiones regulatorias técnicas.
Evitar inestabilidad e impactos regresivos
Sostienen que en ese orden de ideas esas medidas deben estar basadas en análisis de alternativas e impactos con suficiente evidencia argumentativa y beneficios positivos para el mercado, sus agentes y sobre todo para los usuarios, “que eviten generar inestabilidad e impactos regresivos para los usuarios”.
Por ello reiteraron su compromiso con el diálogo técnico e institucional, “y solicitamos que esta reforma sea revisada con base en datos, diagnósticos reales rigurosos, criterios de sostenibilidad de largo plazo, participación informada y respeto del marco institucional”.
Igualmente, señalan que para lograr los objetivos buscados en los cuales coinciden respecto de su importancia, se necesitan acciones y soluciones concretas, que no necesariamente requieren reformas de ley, que permitan materializar mejoras en el valor de las facturas de energía, al tiempo que aseguren la prestación continua del servicio.

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