Fedesarrollo plantea ajuste fiscal de hasta 5% del PIB y choque energético en su hoja de ruta 2026-2030

* El centro de pensamiento entregó al vicepresidente José Manuel Restrepo ocho documentos estratégicos que trazan reformas técnicas urgentes en materia macrofiscal, seguridad, energía, salud e infraestructura.

En un esfuerzo por trazar el rumbo económico e institucional del país para los próximos cuatro años, Fedesarrollo entregó oficialmente al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, sus ocho Documentos de Política 2026-2030.

La iniciativa reúne diagnósticos y hojas de ruta técnicas formuladas por investigadores del centro de pensamiento con el objetivo de encauzar a Colombia hacia una senda de crecimiento económico sostenible y responder a problemáticas estructurales.

El paquete de propuestas abarca medidas como un ajuste fiscal estructural de entre 4% y 5% del PIB, un plan de emergencia para mitigar riesgos de desabastecimiento energético, la reorganización del financiamiento de la salud y la restitución plena de Colombia en redes internacionales contra el lavado de activos.

Durante el acto de entrega, concebido como un puente entre la academia técnica y la gestión pública, la directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, subrayó el sentido práctico del trabajo: “Nuestro papel no es generar solo análisis y opinión, sino participar activamente en la construcción de la política pública en Colombia, con evidencia rigurosa y de la más alta validez, para que las decisiones se tomen con la mejor información disponible. Estos ocho documentos son el resultado de meses de trabajo técnico independiente y hoy se los entregamos al Gobierno como un insumo real y concreto para la acción”.

Por su parte, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, destacó la relevancia del aporte técnico para la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

“En el gobierno de Abelardo de la Espriella estamos convencidos de que hay que nutrirse de este conocimiento, de esos avances científicos y técnicos sobre lo que significan los grandes problemas del país en materia fiscal, social, educación, seguridad, corrupción, entre otros. Aquí, construimos conjuntamente para poder materializar el crecimiento y la productividad que abandera tanto el Gobierno como Fedesarrollo”, anotó el vicepresidente Restrepo.

En esa misma línea, el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Armando Montenegro, afirmó que la organización buscará acompañar activamente la discusión de alternativas y el seguimiento a los resultados en áreas estratégicas.

Principales propuestas

Estas son las principales propuestas y diagnósticos técnicos en los frentes prioritarios:

1. Finanzas públicas y desafío macrofiscal

El informe advierte que entre 2020 y 2025 el déficit fiscal total promedió 6,2% del PIB, prácticamente duplicando los niveles observados entre 2004 y 2019. Ante este escenario, Fedesarrollo plantea:

• Ajuste estructural profundo: Realizar un ajuste fiscal de entre 4% y 5% del PIB.
• Priorizar la contención del gasto: El análisis señala que el desbalance se explica principalmente por el gasto primario, el cual se ubica en 2025 2,8 puntos del PIB por encima de su tendencia histórica, mientras que los ingresos tributarios apenas superan su tendencia en 0,1 puntos.
• Plan fiscal verificable: Adoptar una senda creíble que ancle la confianza en los mercados, lo que permitiría reducir las tasas de interés entre 250 y 300 puntos básicos y generar ahorros al Estado superiores a 1,5% del PIB al año.

2. Infraestructura energética: electricidad y gas natural

Fedesarrollo alerta sobre un escenario crítico e inédito desde 1994: el riesgo simultáneo de desabastecimiento eléctrico y de gas natural, cuya materialización podría representar un costo económico de 1,5% del PIB. La hoja de ruta sectorial propone:

• Plan de choque inmediato para 2026: Incorporar 1.000 MW térmicos y habilitar la importación de gas natural licuado (GNL).
• Reactivación de la exploración de hidrocarburos: Frenar el deterioro de las reservas de gas, que cayeron de 5.727 a 2.373 GPC entre 2012 y 2023, mientras que la actividad exploratoria se desplomó de 130 pozos anuales a solo 34 en 2024.
• Saneamiento financiero y gobernanza técnica: Restablecer la autonomía técnica de la CREG y atender las obligaciones financieras acumuladas, que incluyen $5,1 billones en subsidios pendientes de pago y deudas por $6,9 billones en empresas distribuidoras como Air-e y Afinia.

3. Seguridad y desarticulación del crimen organizado

La entidad enfatiza la necesidad de un giro estratégico frente al deterioro continuo de la seguridad desde 2017, evidenciado en 13.733 homicidios, 78 masacres y 13.441 denuncias de extorsión registradas en 2025:

• Reorientación de métricas: Evaluar la efectividad de las autoridades por la reducción del daño a la ciudadanía en lugar del recuento de capturas u operativos.
• Golpear las rentas ilícitas: Diseñar estrategias focalizadas por territorio y mercado para asfixiar las finanzas criminales, considerando que el narcotráfico genera cerca de USD 16.500 millones anuales (4,4% del PIB) y la minería ilegal de oro aporta alrededor del 1% del PIB.
• Reingreso al Grupo Egmont: Recuperar con urgencia la membresía plena en esta red global, calificada como la acción de mayor impacto y viabilidad tras la suspensión de Colombia en 2024, hecho que bloqueó el canal de cooperación con 174 unidades de inteligencia financiera a nivel mundial.

4. Licenciamiento ambiental y social para el crecimiento

Para destrabar las inversiones en infraestructura y proyectos estratégicos, el centro de pensamiento identifica cuellos de botella severos en los trámites regulatorios:

• Gestión estatal anticipada: Que el propio Estado tramite las licencias ambientales y las consultas previas antes de licitar los proyectos estratégicos, mitigando demoras que han llevado trámites de 90 días hábiles legales hasta los 800 días.
• Ampliación de esquemas simplificados: Replicar las medidas de simplificación ya probadas con éxito en proyectos de energía solar, donde los tiempos de evaluación ambiental disminuyeron de 152 a 40 días.
• Ley Estatutaria de Consulta Previa: Establecer un marco jurídico claro para evitar dilaciones como las del proyecto de transmisión Colectora, donde las consultas escalaron de cerca de 130 a más de 240, acumulando alrededor de cuatro años de retraso.

5. Las demás reformas estructurales del paquete

El compendio entregado al Gobierno Nacional se complementa con propuestas en otros cuatro sectores neurálgicos:

• Sistema de Salud: Resolver la crisis financiera mediante un ajuste técnico y transparente de la UPC, atender una insuficiencia estructural estimada en $19,7 billones al año, estructurar una cámara de compensación de deudas con bonos farmacéuticos para obligaciones entre EPS y hospitales ($25,7 a $32,9 billones) y corregir incentivos en un sistema donde 12 EPS intervenidas concentran 29,5 millones de afiliados.
• Educación pertinente: Diseñar un sistema de alertas tempranas para evitar la deserción de jóvenes entre 17 y 21 años (51% no asiste a ningún centro formativo), escalar la doble titulación técnica hacia la educación posmedia y crear una plataforma de demanda laboral en tiempo real para cerrar la brecha de competencias que aqueja al 66% de los empleadores.
• Justicia orientada al ciudadano: Medir la justicia por casos resueltos (hoy solo el 32,7% de los conflictos legales halla solución), impulsar la conciliación como norma general y reforzar la justicia local e itinerante para atender al 47% de ciudadanos que desiste de reclamar sus derechos.
• Anticorrupción: Implementar una Política Nacional de Integridad, blindar las designaciones en cargos estratégicos (el país sigue estancado con una calificación de 39/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción) e incorporar herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos en la plataforma SECOP II para emitir alertas tempranas de contratación riesgosa.