La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente este lunes la imposición de medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez.
La petición se enmarca dentro del proceso judicial que investiga el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La solicitud fue presentada por la fiscal del caso, María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ante la magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, durante la segunda audiencia preliminar concentrada de medida de aseguramiento.
La Fiscalía pidió al Tribunal que recluya en sus residencias a Bonilla, exministro de Hacienda, y a Velasco, exministro del Interior, argumentando que presuntamente encabezaron el escándalo de corrupción más sonado del Gobierno de Gustavo Petro.
La fiscal Patiño indicó que la solicitud de una medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia cumple con los requisitos legales establecidos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Específicamente, se encuentra prevista en el artículo 250 del ámbito constitucional.
Esquema diseñado para direccionar recursos públicos
Durante su intervención, el ente investigador reiteró que, según la investigación, los exministros Bonilla y Velasco habrían participado en un esquema diseñado para direccionar recursos públicos con el fin de asegurar apoyos políticos en el Congreso. Este objetivo se habría centrado, particularmente, en el contexto de las discusiones de las reformas pensional y de salud.
De acuerdo con la Fiscalía, las actuaciones de los exministros estaban intrínsecamente ligadas a la necesidad del Gobierno de garantizar mayorías legislativas.
El alcance financiero de este presunto acuerdo ilícito fue detallado por la Fiscalía: los exministros habrían impulsado el direccionamiento de 74 proyectos radicados en Invías, valorados en 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por un monto de 40.536 millones de pesos. Esto representa un total de 612.237 millones de pesos gestionados ilegalmente. No obstante, solo siete convenios de ese gran total llegaron a materializarse.
Las pruebas documentadas
Como ejemplo de las actuaciones, la fiscal Patiño relató uno de los episodios clave documentados en la investigación: “El 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Bedoya”.
Además, se documentó que Marta Peralta solicitó atender a los congresistas de la coalición, quienes manifestaban inconformidad por la poca participación que tenían en el Gobierno, por lo que se consideró necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios.
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