Freno jurídico al regreso de Silvia Gette: Las razones que impedirían su retorno a rectoría de Uniautónoma

El panorama jurídico sobre el posible regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe ha tomado un nuevo giro. Rafael Pacheco, abogado penalista de la institución, expuso los argumentos legales que, por el momento, impiden que Gette retome el mando de la universidad, a pesar de un fallo inicial que ordenaba su restitución inmediata.

La controversia se originó cuando el Juez Segundo Penal Municipal con Función de Garantías decidió aplicar un “restablecimiento del derecho” fundamentado en el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal. Según Pacheco, el juez concedió este recurso en “efecto devolutivo”, lo que implicaba que Gette debía reincorporarse como rectora de manera inmediata.

Sin embargo, la Universidad y el Ministerio de Educación, que actualmente interviene la institución y actúa como víctima en este proceso, interpusieron una acción de tutela. El Juzgado Sexto Penal del Circuito concedió medidas provisionales dentro de esta tutela, suspendiendo los efectos del fallo inicial.

El argumento central del juez de tutela es que existen indicios de que el juez de garantías no tenía la competencia para tomar una decisión de tal magnitud.

Inhabilidades legales e incumplimientos financieros

El abogado Pacheco destacó varios impedimentos de fondo que harían inviable el regreso de Gette, incluso si el proceso avanzara a su favor:

Condena por delito doloso. Afirmó Pacheco que existe una resolución del Ministerio de Educación (la 01962 de 2018) que prohíbe taxativamente que cualquier persona condenada por delitos dolosos —salvo culposos— ocupe el cargo de rector. “Gette fue condenada por abuso de confianza agravado tras el manejo irregular de dineros de la universidad”, expresó.

Otro impedimento es la desvinculación por justa causa. Pacheco señala una contradicción en el fallo del juez de primera instancia, quien pretendía retrotraer las condiciones de la universidad al año 2013 bajo el Acuerdo 131.

No obstante, dicho acuerdo establece que no puede ser rector quien haya sido desvinculado por justa causa, condición en la que se encuentra Gette desde agosto de 2013.

Deuda pendiente y resocialización fallida. El juez de garantías argumentó que Gette tiene derecho a la “resocialización” para volver a su cargo.

Pacheco rebate esto señalando que la resocialización no es una “máquina del tiempo jurídico” y que no puede considerarse efectiva cuando la exrectora aún debe pagar una multa y devolver un millón de dólares a la institución.

Además, aún no ha cumplido la totalidad de su pena de 63 meses.

A la espera de la segunda instancia

Por ahora, la decisión final queda en manos de la segunda instancia, que deberá resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la universidad.

Mientras tanto, la medida provisional de la tutela mantiene suspendido el ingreso de Gette a la institución, asegurando que se respeten las normas de intervención del Ministerio de Educación y los estatutos internos que prohíben la posesión de directivos con antecedentes penales dolosos.