Fuerte choque entre Petro y Consejo de Estado por freno de $25 billones a Colpensiones

En lo que se perfila como una de las confrontaciones más agudas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en la historia reciente, el Consejo de Estado bloqueó la totalidad del traslado de 25 billones de pesos que el Gobierno de Gustavo Petro pretendía mover de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

La decisión, adoptada por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, paralizó inicialmente 20 billones de pesos de afiliados que cambiaron de régimen, pero no se han pensionado, y finalmente los 5 billones restantes destinados a quienes ya consolidaron su derecho.

Con esta determinación, ningún recurso se moverá a la entidad estatal, quedando los ahorros intactos en los portafolios de las administradoras privadas.

El núcleo de la decisión judicial radica en que el Decreto 415 del Gobierno habría excedido sus facultades al intentar modificar sustancialmente lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024 (la reforma pensional).

Según el auto del magistrado, la ley estableció que los recursos debían dirigirse a un Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República, y no directamente a Colpensiones, entidad que no fue contemplada como destinataria en ese esquema.

Además, el magistrado subrayó que la ley exige que los ahorros permanezcan en los fondos privados hasta que el trabajador se jubile efectivamente. El Consejo de Estado fue enfático al señalar que decidir el destino de los ahorros de 119.632 colombianos no es un trámite operativo, sino un “elemento esencial del diseño del sistema pensional” que compete al Congreso.

Petro escala la tensión: “Abogados genuflexos”

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar, calificando la medida como inconstitucional y un “golpe de Estado contra el pueblo”. A través de sus redes sociales, el mandatario pidió a sus aliados denunciar penalmente por prevaricato al magistrado Bedoya, acusando al tribunal de actuar en favor de los intereses de los grandes banqueros del país.

Petro sentenció que “aquí decide el pueblo y no los abogados genuflexos a banqueros”, vinculando la decisión judicial con los intereses del grupo empresarial antioqueño y Luis Carlos Sarmiento.

Ante los ataques, el alto tribunal emitió una respuesta contundente, advirtiendo sobre el “tono incendiario” del mandatario. El Consejo de Estado defendió la separación de poderes, afirmando que “a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”.

Asimismo, el tribunal expresó su preocupación por el uso de mensajes que privilegian el impacto mediático y que pueden traducirse en hostigamientos contra los jueces y el Estado de derecho.

Impacto en la liquidez y los mercados

Desde el sector gremial, Asofondos celebró el fallo como una protección al ahorro de los trabajadores. Por su parte, expertos económicos advirtieron que el traslado pretendido habría sido un “alivio ilusorio” para el déficit fiscal, generando además presiones al alza en las tasas de interés de los títulos de deuda pública (TES) debido a la necesidad de los fondos de vender activos masivamente.

Pese a la incertidumbre, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, envió un mensaje de tranquilidad a los pensionados, asegurando que la entidad cuenta con la liquidez necesaria para pagar las mesadas de todo el año gracias a los 35 billones de pesos asignados en el Presupuesto General de la Nación.  No obstante, Dussán calificó la decisión judicial como un golpe a la sostenibilidad operativa del sistema.

La batalla legal continuará mediante recursos de súplica interpuestos por el Ministerio de Hacienda y Colpensiones, los cuales deberán ser revisados por otros magistrados de la sección.

Mientras tanto, la arquitectura financiera de la reforma pensional permanece en un limbo jurídico, a la espera de que la Corte Constitucional defina la validez de la ley matriz.

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