Más de 5,8 millones de comparendos por fotomultas que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades correspondientes. Esta medida beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos que enfrentaban procesos por infracciones detectadas bajo sistemas presuntamente ilegales.
Así lo determinó el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, que abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito.
La medida responde a presuntas irregularidades en la operación de los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), conocidos popularmente como fotomultas, los cuales habrían operado sin cumplir con los requisitos técnicos de ley.
Además del perdón de las deudas pendientes, el Gobierno ordenó un proceso de restitución para quienes ya cumplieron con el pago. Se estima que 1.582.398 multas ya canceladas deberán ser reembolsadas, lo que obligaría a las autoridades de tránsito a devolver una suma superior a los $1,05 billones de pesos a los ciudadanos.
La investigación reveló que los organismos afectados habrían vulnerado la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. El punto crítico es la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, un requisito técnico obligatorio para garantizar la fiabilidad de las cámaras.
La auditoría identificó tres tipos de irregularidades graves: 12 organismos iniciaron operaciones sin contar con dicho concepto. 7 organismos operaron utilizando conceptos expedidos a terceras personas. Y 18 organismos obtuvieron el aval técnico solo después de haber comenzado a imponer multas de manera irregular.
Ciudades bajo la lupa y sanciones billonarias
Entre los entes investigados se encuentran las principales capitales del país. Cali encabeza la lista con 2,7 millones de comparendos bajo sospecha, seguida por Medellín (717.000), Bogotá (294.000) y Barranquilla (131.000). Otros municipios como Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio y Valledupar también forman parte del proceso.
Las consecuencias para estos organismos serán fuertes. De confirmarse las irregularidades en las fotomultas, además de devolver el dinero recaudado, las autoridades podrían enfrentar sanciones que superan los $2,1 billones de pesos, equivalente al doble de lo recaudado ilegalmente.
“La legalidad no es negociable”
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, fue enfática al señalar que las fotomultas no pueden ser un simple mecanismo de recaudo por fuera de la ley. “Estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la funcionaria.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que esta acción no busca debilitar la seguridad vial, sino garantizar que “ninguna cámara de fotodetección opere sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos”.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca recuperar la confianza de los conductores y asegurar la transparencia total en las vías del país.
Más historias
Barranquilla registra reducción de la delincuencia de hasta 63 %, según MinJusticia
Barranquilla enfrenta calor extremo: sensación térmica supera los 45 °C y llega a 55 °C en algunos sectores
Colombia define sus convocados para la fecha FIFA