A través de la Agencia Jurídica del Estado, ANDJE, el Gobierno de Colombia busca que el de Estados Unidos le suministre información en torno a los procesos sancionatorios que allí adelantan en contra del Grupo Aval y Corficolombiana, relacionados con la multinacional Odebrecht envuelta en escándalos por recurrir a sobornos para obtener contratos estatales.
Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia, en entrevista a Blu Radio, explicó que por disposición del presidente Gustavo Petro, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones exteriores se gestione el proceso para que sea evaluado desde la óptica de las leyes nacionales.
“Es un fallo que se solicita oficialmente para ser analizado en Colombia bajo nuestra legislación y las implicaciones que este tiene”, precisó la funcionaria.
En respuesta a interrogantes sobre las facultades de la dependencia estatal a su cargo, Martínez explicó que la instrucción está dada con base en la ley 80 del 93.
“Somos gobierno y somos parte del sector justicia, el mandato está establecido en un decreto que nos faculta como agencia para hacer este tipo de solicitud. Esto viene de la Ley 80 del 93 establece que las personas que hayan sido declaradas responsables en la comisión de delitos, pueden tener esas consecuencias de inhabilidad”, indicó la funcionaria.
Sobre las implicaciones agregó que podrían repercutir en la caducidad de contratos que el Gobierno Nacional tiene vigentes con el Grupo Aval y Corficolombiana.
“A través de canales diplomáticos, se pretende que el Canciller solicite información acerca de las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de las mencionadas empresas, Grupo Aval y Corficolombiana”, señala la información de Blu Radio.

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