Enmarcado en la descentralización y democratización del sector minero-energético, el Gobierno Nacional ha impulsado la creación de la Federación Nacional de Comunidades Energéticas, la Plataforma Nacional de Asociatividad Minera y la Federación Nacional de Mujeres Mineras. Estas tres instancias buscan fortalecer la gobernanza territorial y garantizar que la transición energética justa se construya directamente desde las bases sociales en los territorios,.
El lanzamiento de estas organizaciones tuvo lugar en Cali durante el Encuentro Nacional de Asociatividad Minero-Energética ‘Construyendo Territorios’. Este evento reunió a más de 400 representantes, incluyendo líderes de comunidades energéticas, pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asociaciones mineras, con el fin de trazar una agenda nacional para la formalización minera y la democratización de la energía.
El objetivo central de esta iniciativa, según destacó el Ministerio de Minas y Energía, es dejar un legado de organización social que trascienda el actual periodo gubernamental. Al respecto, el ministro Edwin Palma subrayó que la intención es dotar a los pueblos de herramientas sólidas para el control social y el liderazgo en el desarrollo energético del país.
“Los gobiernos pasan, pero las comunidades permanecen. Nuestro mayor legado no son solamente las obras o las inversiones, sino haber contribuido a consolidar organizaciones más fuertes, con herramientas para ejercer control social, defender sus territorios y liderar el desarrollo minero y energético del país”, concluyó el jefe de la cartera.
Resultados tangibles en la democratización energética
La estrategia ya arroja cifras significativas que respaldan este modelo de asociatividad:
Comunidades Energéticas: Actualmente, el país cuenta con *469 comunidades implementadas* que benefician a 20.789 usuarios, y se avanza en 17 proyectos adicionales para llegar a más de 28.000 personas.
Articulación Regional: Se han articulado 84 comunidades energéticas en 19 territorios, organizadas en cinco nodos regionales para aumentar su incidencia política.
Sector Minero: Se han fortalecido 233 expresiones asociativas y se han realizado 12 diálogos en distritos mineros, además de reglamentar el Fondo de Fomento Minero para impulsar la pequeña minería y la minería de subsistencia,.
Finalmente, para facilitar la expansión de estas iniciativas, el Gobierno anunció la actualización de la reglamentación del Registro de Comunidades Energéticas (RCE), simplificando los trámites para que más comunidades puedan participar activamente en la gestión de sus propios recursos energéticos. Con estas medidas, Colombia busca asegurar una ciudadanía organizada con capacidad de decisión real sobre su futuro energético.

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