El Gobierno Nacional oficializó la entrada del fenómeno de El Niño en Colombia, catalogándolo como un evento de intensidad severa que pondrá a prueba la matriz energética, el abastecimiento hídrico y la capacidad institucional del país.
Durante una comparecencia conjunta, directores de entidades técnicas y ministros de despacho presentaron las medidas de contingencia activadas bajo la Directiva Presidencial 03 y cuestionaron la falta de preparación heredada de la administración anterior.
El primero en intervenir fue Andrés Herkrath Sanclemente, director general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), quien confirmó que se cumplieron los protocolos técnicos para la declaratoria oficial del fenómeno en el país.
“Colombianos, el IDEAM confirma que hoy se cumplen las condiciones técnicas para declarar de manera oficial la entrada del fenómeno de El Niño en el territorio colombiano”, anunció Herkrath, explicando que el proceso se rige bajo el protocolo de vigilancia GCI-PC003.
El funcionario detalló que los indicadores oceánicos y atmosféricos reflejan una alteración climática extrema. La región El Niño 3.4 registró una anomalía térmica superficial del mar de +3,49 °C, calificada como un récord histórico, tras consolidarse cinco trimestres móviles consecutivos de onda cálida.
El Niño no apaga las lluvias
Asimismo, el índice ONI escaló desde 0,5 en su fase inicial hasta 2,2 cinco meses después. Según el director, existe un 83% de probabilidad de que el evento se extienda al menos hasta marzo de 2027, con una duración global estimada hasta el cierre del primer semestre del próximo año.
Herkrath advirtió que “El Niño no apaga las lluvias”. Aunque octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada de precipitaciones, los volúmenes estarán por debajo de los promedios históricos en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, proyectando a diciembre como el mes de mayor déficit pluviométrico y alertando sobre posibles emergencias a inicios de año en el suroccidente.
“Prepararse solo para la sequía e ignorar crecientes, deslizamientos e inundaciones de esta temporada sería un error”, enfatizó Herkrath, agregando que desde marzo se advertía la caída de lluvias y que en mayo la consolidación alcanzaba el 96%, periodo en el cual las alertas por incendios escalaron de 7 a 90 en solo 15 días.
“La información existía. Lo que no existió fue la decisión de convertirla en preparación”, concluyó al ratificar que el instituto mantendrá el monitoreo hidrometeorológico continuo
Directiva presidencial y plazo al 30 de noviembre
A continuación, tomó la palabra David Tamayo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien subrayó el marco de corresponsabilidad establecido en la Ley 1523 de 2012 y las directrices obligatorias emitidas por el Ejecutivo.
Tamayo recalcó que la Directiva Presidencial 03 del 22 de septiembre fijó una meta improrrogable: “La meta es el 30 de noviembre. Antes del periodo más crítico, todo dispuesto”.
Bajo esta disposición, los alcaldes deben convocar sus Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, actualizar planes de contingencia, garantizar fuentes alternas de agua potable y asegurar convenios vigentes con los cuerpos de bomberos. A su vez, los gobernadores están obligados a liderar los comités departamentales, prestar asistencia técnica a los municipios de menor capacidad y levantar inventarios de maquinaria y personal de socorro.
Señaló que los ministerios de Minas y Energía, Ambiente, Agricultura, Vivienda y Salud —con el soporte de Defensa, Transporte e Interior— coordinarán los frentes de energía, ecosistemas, alimentos, agua potable, movilidad y salubridad. Por su parte, las empresas prestadoras de acueducto y energía deberán reportar la activación de sus planes de emergencia a la Superintendencia de Servicios Públicos bajo el Decreto 2157 de 2017.
“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo va a consolidar la hoja de ruta que ordena la directiva, hacer seguimiento a cada sector, mantener abiertas las instancias de la ley y reunir en una sola plataforma la información de todos para que las decisiones se tomen con los mismos datos”, afirmó Tamayo.
En caso de desbordamiento de capacidades territoriales, el Estado brindará respaldo inmediato mediante las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja y los Bomberos. En el plano tecnológico, Tamayo anunció la puesta en servicio del aplicativo de incendios forestales que cruza datos de MapBiomas (Auroratec) y el sensor VIIRS (2014-2026) para contrastar recurrencias históricas frente a los eventos de 2015-2016 y 2023-2024.
“Esa es la diferencia entre anunciar y ejecutar. El país ya sabe lo que pasó en esta entidad”, puntualizó Tamayo.
Críticas a la gestión previa y defensa de los ecosistemas
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, profundizó en los antecedentes administrativos de la gestión del riesgo y el impacto en los recursos naturales.
“Recursos que debían comprar agua, carrotanques, capacidad de respuesta y preparación territorial terminaron en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, contratos, carrotanques que no llegaron a quien tenía sed y una institucionalidad puesta al servicio de la política y no de la gestión del riesgo”, denunció Arjona.
El jefe de la cartera ambiental sostuvo que la administración saliente se limitó a emitir circulares sin consolidar una preparación tangible. “Nosotros no vamos a administrar ese hueco, vamos a llenarlo con plazos responsables y verificación”, declaró. Cuestionó que, pese a los pronósticos conocidos desde el primer semestre, “la respuesta del gobierno anterior es nada. Anunciaron preparación, se quedaron en el papel”.
Arjona reprochó la falta de articulación con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), la omisión en asegurar fuentes hídricas alternas y el abandono de los cuerpos de bomberos.
“Prevenir cuesta menos que reconstruir. Ellos eligieron reconstruir después, si acaso, y muchas veces con los mismos contratos que el país ya conoce”, fustigó, aseverando que la entidad fue utilizada como “caja menor” mientras el sector agropecuario quedaba desprotegido ante la disminución de lluvias, la presión en distritos de riego y los incendios forestales.
“Un gobierno que anuncia la adaptación climática y al mismo tiempo desvía la plata de la emergencia no adapta, expone”, sentenció Arjona. Aseguró que en el actual gobierno la cartera de Ambiente respaldará a los territorios en agua, ecosistemas e incendios, mientras Agricultura velará por la seguridad alimentaria, concluyendo que la vulnerabilidad actual “no es una sorpresa climática”, sino fruto de preferir el anuncio antes que la ejecución.
Plan de choque para blindar el sistema eléctrico y evitar racionamientos
Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, abordó la vulnerabilidad del sector eléctrico frente a la reducción del aporte hídrico en los embalses.
“En energía el costo de herencia es el más concreto porque se mide si hay o no hay luz. Colombia depende del agua para generar. Un Niño fuerte a muy fuerte sostenido, hasta bien entrado 2027, baja los embalses”, advirtió Arboleda.
La ministra cuestionó las decisiones del gobierno saliente al señalar que “dejó el discurso de la transición y no dejó el respaldo”, omitiendo gestiones indispensables para contar con plantas térmicas a punto, gas natural debidamente contratado, múltiples proveedores de combustibles y redes de transmisión al día.
Sostuvo además que los hechos de corrupción y el uso político de los recursos públicos debilitaron la infraestructura y dejaron al sistema eléctrico en una posición de fragilidad evitable.
Ante este escenario, Arboleda recordó el mandato presidencial expedido el pasado 6 de octubre tras el Consejo de Ministros para aplicar un plan de choque antes del 31 de diciembre.
“No es un anuncio, ya está en ejecución. El plan tiene cuatro líneas con responsable y con plazo: ahorro para bajar la presión sobre el sistema, disponibilidad de combustibles y de gas, despacho de las térmicas y uso de la capacidad existente al máximo posible”, precisó la titular de la cartera energética.
Entre las medidas operativas y regulatorias para enfrentar El Niño, destacó:
Decreto 1491 del 6 de octubre: Habilita a las plantas térmicas a abastecerse de más de un agente suministrador ante contingencias de confiabilidad, garantizando trazabilidad a través del SICOM.
Programa ‘Energía Ya’: Esquema de incentivos para usuarios que reduzcan su consumo más del 10% frente a su meta de referencia, acompañado de señales de penalización para quienes lo sobrepasen.
Protección del parque hídrico: Activación de mecanismos para elevar la generación térmica y preservar los niveles de almacenamiento en los embalses.
Fuerzas de tarea: Equipos especializados con metas y plazos calendarizados. “La meta no es explicar el apagón, es evitarlo”, remarcó Arboleda.
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