El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, mediante el cual se establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, con el fin de corregir distorsiones en el uso de los subsidios y proteger las finanzas públicas.
La decisión parte de un diagnóstico claro: durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado.
Con este decreto, el precio del diésel para esos vehículos se acerca a su valor real, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida, evitando impactos en el costo de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la medida busca mayor equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. “El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó.
De acuerdo con lo establecido, la implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que permitirá un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.
Finalmente, el ministro Palma reiteró que esta decisión no es un aumento generalizado del combustible. “No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”.
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