En una decisión trascendental para el rumbo de las finanzas públicas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto de Emergencia Económica ya fue firmado por la totalidad de los ministros del gabinete el pasado jueves 18 de diciembre.
La medida, que fue radicada oficialmente durante la jornada del viernes 19 de diciembre, surge como una respuesta directa a la necesidad de garantizar el pago de la deuda nacional y asegurar la estabilidad económica del país.
De acuerdo con las declaraciones del ministro Benedetti, el eje central de este decreto es la implementación de impuestos dirigidos exclusivamente a los “más ricos” o “megarricos”.
Con esto, el funcionario buscó mitigar las críticas de sectores de la oposición y del gremio empresarial que sugerían un posible impacto negativo sobre la clase media.
“Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país porque una ley de financiamiento se hace es para pagar la deuda y si la ley de financiamiento no sale, no se paga la deuda”, enfatizó el titular de la cartera del Interior.
Impacto en la infraestructura y el riesgo país
La urgencia de la medida radica en las posibles consecuencias financieras de no contar con estos recursos adicionales. Benedetti advirtió que, de no cumplirse con las obligaciones crediticias, crecería el riesgo ante los bancos internacionales y se produciría un aumento en el costo de los bonos.
Este escenario afectaría directamente los proyectos de obra civil de gran envergadura, como las vías 4G, debido a que el mandato constitucional prioriza el pago de la deuda externa sobre la inversión en infraestructura.
En palabras del ministro, al pagar la deuda con los recursos actuales, el presupuesto restante sería insuficiente para mantener dichas obras.
Justificación y marco legal
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, complementó la justificación de la emergencia económica, señalando que la negativa del Congreso de la República a la Ley de Financiamiento obligó al Gobierno a buscar vías alternativas. Además de la deuda, el presupuesto se destinará a rubros críticos como la salud y los subsidios de energía.
Desde el punto de vista jurídico, esta medida se acoge al artículo 215 de la Constitución Política, que permite al presidente declarar un Estado de Emergencia ante hechos graves y excepcionales.
Esto faculta al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley sin necesidad de pasar por el Congreso, aunque dichas disposiciones quedan sujetas a un control posterior e inmediato por parte de la Corte Constitucional.
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