El panorama económico y jurídico de Colombia se encuentra en un punto de alta tensión tras el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, de decretar la emergencia económica en el país.
La medida surge como respuesta al hundimiento de la ley de financiamiento en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, una iniciativa con la que el Ejecutivo buscaba recaudar 16 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal y financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Ante este escenario, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, ha manifestado un rechazo tajante, calificando el anuncio del Gobierno como un intento de “gobernar por atajo”.
Según Castañeda, no se cumplen los requisitos constitucionales para esta medida, pues no existe un hecho “sobreviniente, grave e inminente” que la habilite.
Para el líder gremial, la fragilidad fiscal que atraviesa la nación no es una sorpresa ni un choque súbito, sino una condición “estructural, previsible y autoinfligida”.
Producto de una gestión deficiente
Castañeda argumenta que el déficit actual es producto de una gestión deficiente caracterizada por el derroche, una deuda más costosa, presupuestos inflados y una mala focalización del gasto público.
“Perder una ley de financiamiento no es una catástrofe, es democracia”, sentenció Castañeda, enfatizando que el fracaso de una iniciativa legislativa no debería facultar al presidente Gustavo Petro para asumir poderes extraordinarios.
Desde ANDEG se sostiene que, antes de recurrir a la emergencia, el Gobierno cuenta con herramientas ordinarias como el recorte del gasto improductivo y la mejora de la administración tributaria.
El choque de visiones sobre la estabilidad fiscal
Mientras que el ministro Ávila defiende la declaratoria de la emergencia económica asegurando que la falta de ingresos pone en riesgo las políticas sociales y los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el sector privado ve con preocupación la discrecionalidad que otorga esta figura.
De concretarse, el Gobierno podría expedir decretos con fuerza de ley para modificar temas tributarios y gestionar el presupuesto con mayor flexibilidad.
Desnaturalización de la Constitución
Castañeda ha hecho un llamado directo a la Corte Constitucional para que aplique el principio de prevención y bloquee la aplicación de este decreto, argumentando que el ministro de Hacienda está “hipotecando a Colombia” al basarse en datos y reglas de juego que, a su juicio, están siendo manipulados.
Para los expertos de ANDEG, fabricar una crisis para luego decretarla como emergencia es una desnaturalización de la Constitución que no responde a errores de gestión, sino a la necesidad de salvaguardar el orden institucional.
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