Gremios rechazan declaratoria de emergencia económica, coinciden en que el déficit es previsible y no justifica medidas excepcionales

La decisión del Gobierno Nacional de recurrir a un estado de excepción tras el hundimiento de la ley de financiamiento ha generado una respuesta unificada y crítica por parte de los principales sectores económicos del país. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), AmCham Colombia y Fedesarrollo han manifestado que no existen los fundamentos constitucionales necesarios para esta declaratoria, argumentando que la situación fiscal actual no deriva de hechos imprevisibles, sino de decisiones de política pública y del funcionamiento normal de la democracia.

Para los líderes gremiales, la crisis no cumple con el requisito de ser un “hecho sobreviniente”, condición indispensable según el artículo 215 de la Constitución para declarar una emergencia. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, subrayó que los 16 billones de pesos que se buscaban recaudar representan menos del 3% del presupuesto para 2026, una magnitud que, a su juicio, es insuficiente para argumentar una perturbación grave del orden económico.

En sintonía, la ANDI señaló que el archivo de un proyecto de ley en el Congreso es un resultado previsible del debate democrático y no un evento extraordinario o irresistible. El gremio advirtió que la situación fiscal tiene su origen en una política de gasto excesiva, el aumento de los costos de la deuda pública y deudas acumuladas en sectores como la salud, factores que eran plenamente conocidos por el Ejecutivo.

Críticas a la gestión y alternativas ordinarias

Desde la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), su presidenta María Claudia Lacouture calificó el problema fiscal como “grave, pero estructural y previsible”, derivado de decisiones previas de gasto y deuda. Lacouture enfatizó que el Gobierno aún dispone de herramientas ordinarias que no han sido agotadas, tales como reasignar y recortar gasto improductivo, ajustar el presupuesto que ha crecido por encima de la inflación y fortalecer la administración tributaria para combatir la evasión y la elusión.

La dirigente gremial también rechazó lo que considera un “falso dilema” planteado por el Gobierno, donde la única opción frente al hundimiento de la ley sería el desplome de la economía o el recorte de proyectos críticos como las vías 4G.

Acciones legales y defensa de la institucionalidad

Ante la inminencia del decreto, la ANDI ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional la adopción de medidas urgentes, incluida la suspensión provisional del decreto de emergencia una vez sea expedido. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, argumentó que permitir que el Gobierno emita impuestos por decreto sin pasar por el Congreso vulneraría los derechos de los contribuyentes y el orden constitucional.

Los gremios coinciden en que la emergencia económica está reservada para choques súbitos y profundos, como una pandemia, y no para rediseñar el sistema tributario tras una derrota legislativa. En este contexto, la comunidad empresarial hace un llamado a un debate técnico y al uso de mecanismos legales ordinarios para mitigar el déficit de cara al 2026.