Gobierno radica Proyecto de Ley de Competitividad para impulsar crecimiento económico y simplificar creación de empresas

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Competitividad. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene como objetivo central eliminar las barreras burocráticas y las duplicidades que históricamente han frenado la inversión y el crecimiento en el país.

El proyecto busca transformar la relación entre el sector privado y el sector público, convirtiendo al Estado en un verdadero facilitador de la inversión para fomentar la generación de empleo genuino.

Bajo la premisa de que crear una empresa no debe ser una “carrera de obstáculos”, la propuesta establece plazos de respuesta claros y fortalece las ventanillas únicas para reducir los tiempos y costos operativos que enfrentan los emprendedores.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, enfatizó que esta ley pone un énfasis especial en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que son las que tienen menor capacidad para absorber los costos de la burocracia.

Entre las medidas concretas se incluye la eliminación del cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para microempresas y la creación de un Expediente Único Empresarial Digital para que las entidades compartan información y no soliciten documentos que el Estado ya posee.

Durante el acto de radicación, el ministro Gómez Amín fue enfático en la necesidad de este cambio: “Nuestra tarea es quitarle obstáculos al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las Mipymes, para que puedan crear empresa y construir patria”.

Un Estado eficiente y digital

La iniciativa también propone un requerimiento único e integral en sectores estratégicos como la construcción, evitando solicitudes fragmentadas de información. Además, se contempla un certificado urbanístico vinculante con un plazo máximo de 15 días hábiles para brindar certeza a los inversores.

Respecto a la fiscalización, el proyecto aboga por controles digitales y proporcionales al nivel de riesgo, sin comprometer la seguridad o la salud pública. Al respecto, el ministro Gómez Amín señaló: “Queremos destrabar la permisología. El Estado tiene que controlar lo que realmente debe controlar, pero no puede convertir cada inversión, cada emprendimiento o cada nueva empresa en una carrera de obstáculos. Nuestra prioridad es simplificarle la vida al ciudadano que produce y genera empleo”.

Con esta ambiciosa agenda “antitrámites”, el Gobierno Nacional busca enviar un mensaje claro a los mercados: Colombia se prepara para una nueva etapa de eficiencia administrativa donde el éxito empresarial sea el motor del desarrollo social.