Los principales representantes de las agremiaciones energéticas de Colombia analizaron la actual crisis del sector y advirtieron que migrar hacia un modelo de control estatal no solo es inviable fiscalmente, sino que pone en riesgo la seguridad energética del país.
El panel “Cooperar o competir: la dinámica real del sector eléctrico”, en el evento de SER Colombia, puso de relieve la tensión entre las señales de escasez de energía y las propuestas de cambios estructurales en el modelo de prestación de servicios.
Kathrine Simancas, directora Sectorial de Energía y Gas Natural de Andesco, fue enfática al utilizar la premisa “dato mata relato” para defender el modelo de mercado vigente desde 1992.
Según Simancas, los resultados hablan por sí solos: el país pasó de 4.4 millones de usuarios a más de 18 millones, instalando más de 10,000 MW y eliminando los racionamientos de gran magnitud que afectaron al país en el pasado.
Desde la perspectiva económica, Simancas advirtió que el Estado no tiene la capacidad para asumir el sector. Recordó que, antes del modelo actual, la deuda del sector eléctrico representaba el 33% del déficit fiscal de la nación, y que retomar ese control hoy implicaría una inversión de entre 47 y 50 billones de pesos, una cifra equivalente a diez veces las necesidades de subsidios anuales o a todo el presupuesto del sector educativo.
La desconfianza y la politización de la regulación
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente Ejecutivo de Andeg, recordó las amargas experiencias del estatismo en Colombia, mencionando el apagón de año y medio que vivió el país y la carga financiera que suponía para la nación, con una participación del 42% de la deuda total en su momento.
Para Castañeda, el mayor riesgo actual es la pérdida de confianza de los inversores debido a lo que calificó como una “politización total” de la CREG, donde se toman decisiones sin respaldo técnico ni criterios claros de la OCDE.
Castañeda subrayó que el sector privado planea inversiones de más de 50 billones de pesos para el próximo quinquenio, una cifra que el Estado colombiano no podría cubrir por su cuenta. De no recuperarse la confianza técnica y regulatoria, advirtió sobre el peligro de apagones profundos para los años 2027 y 2028.
Prioridades estatales: ¿Energía o pobreza?
Alexandra Hernández, presidenta Ejecutiva de SER Colombia, planteó una cuestión de racionalidad económica: con cerca de 16 millones de colombianos por debajo de la línea de pobreza, el Estado debería enfocar sus limitados recursos fiscales en cerrar brechas sociales en lugar de competir con el capital privado.
Hernández argumentó que no tiene sentido que el país asuma riesgos de inversión cuando existe un sector privado dispuesto a hacerlo de manera eficiente, especialmente dada la apretada situación del déficit fiscal primario del país.
El “chofer” y el diseño del mercado
Finalmente, Natalia Gutiérrez, presidente Ejecutiva de Acolgen, defendió la robustez del modelo de mercado, señalando que ha permitido superar 11 fenómenos de El Niño sin apagones. Gutiérrez utilizó una analogía para explicar la situación: el país tiene un “carro” de alto rendimiento (el modelo de mercado), pero le ha faltado “chófer” en la dirección regulatoria.
La dirigente gremial criticó la narrativa oficial que intenta responsabilizar al modelo de los problemas actuales. “El diseño ha demostrado que funcionó. Eso no quiere decir que no se necesiten ajustes, por supuesto que se necesitan ajustes, pero uno no reforma un modelo que ha sido exitoso en momentos de escasez y en momentos en el que se necesita tranquilidad de inversionistas”, anotó.
Afirmó que se están tomando decisiones país que “satanizan” tecnologías. “Aquí el relato está matando el dato”, concluyó.
El panel, moderado por Jorge Valencia, gerente de Asproen, cerró con el consenso que la solución a la crisis energética no pasa por la estatización, sino por el fortalecimiento de la confianza técnica, la seguridad jurídica y el respeto a un modelo de mercado que, a pesar de los desafíos, ha demostrado ser exitoso en la garantía del suministro durante las últimas tres décadas.
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