En un pronunciamiento conjunto, los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, expresaron su respaldo al proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que busca evitar una crisis sistémica del sector energético de la región y el país en general.
La medida propone un cobro adicional temporal de $8 por kWh en el componente de restricciones de la tarifa eléctrica para hacer frente a las deudas críticas de la empresa Air-e Intervenida.
El respaldo de las organizaciones empresariales no es menor, pues advierten que la situación de Air-e Intervenida ha escalado hasta convertirse en un reto nacional.
A corte de diciembre pasado, la compañía acumulaba deudas por 2,5 billones de pesos, la mayor parte con generadores y transmisores, una cifra que crece a un ritmo de $145.000 millones mensuales.
Esta falta de liquidez ha llevado a las plantas termoeléctricas al límite de su capacidad para adquirir el gas necesario para operar, el cual requiere pago anticipado. Los gremios enfatizan que un colapso en la generación térmica del Caribe no solo provocaría apagones regionales, sino que expondría a todo el país a un racionamiento generalizado, dado que estas plantas son el soporte de estabilidad para todo el Sistema Eléctrico Nacional.
Detalles del incremento y condiciones del respaldo
Para los usuarios, el ajuste propuesto representaría un aumento aproximado del 1% en sus facturas actuales. Aunque se reconoce como un esfuerzo colectivo, los gremios han condicionado su apoyo a varios puntos clave para garantizar la transparencia de la medida.
Uno de ellos es la temporalidad definida, en el sentido que la resolución debe fijar un tiempo finito y un monto exacto a recaudar para cubrir las deudas de Air-e, asegurando que la medida cese una vez se cumpla el objetivo.
Igualmente, claridad jurídica, de tal manera que el Gobierno nacional precise que este cargo no es un impuesto ni un subsidio para la Región Caribe, sino una herramienta para estabilizar el mercado mayorista. Y otro punto es el análisis costo-beneficio, por lo cual se exige un estudio que demuestre que el costo de este incremento es inferior al impacto económico que tendrían los racionamientos en la economía nacional.
La gestión y búsqueda de soluciones estructurales
A pesar del respaldo a la medida de emergencia, el comunicado es crítico con la gestión gubernamental, señalando que el Estado no contó con un plan de administración sólido para la intervención de Air-e ni utilizó fuentes de liquidez alternativas, como el Fondo Empresarial o créditos de tesorería.
Finalmente, los líderes gremiales subrayaron que esta es una solución parcial, ya que el proyecto de resolución solo cubre cerca del 50% de la deuda acumulada a noviembre de 2025.
Es por ello que los gremios hacen un llamado urgente a una solución estructural que transforme el modelo de gestión en el Caribe, considerando que los niveles de pobreza extrema en la región superan el promedio nacional, lo que limita la capacidad de pago y perpetúa el rezago en el servicio.
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