Gremios productivos de Colombia y Ecuador lanzan un S.O.S. ante la escalada de tensiones comerciales

En una sesión conjunta sin precedentes, los líderes de los principales gremios productivos de Colombia manifestaron su profunda preocupación por el deterioro de las relaciones diplomáticas y comerciales con Ecuador, advirtiendo que la imposición de barreras arancelarias y restricciones pone en jaque una de las integraciones económicas más profundas de Latinoamérica.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó la situación actual como “inesperada y tremendamente preocupante”, destacando que las economías de ambos países son complementarias y han crecido de manera conjunta durante décadas. Mac Master subrayó que las medidas adoptadas desde finales de enero han venido escalando, convirtiéndose en un “problema gigante” que amenaza la viabilidad de numerosas empresas, algunas de las cuales destinan más del 70% de su producción al mercado vecino.

El dirigente gremial hizo un llamado vehemente a los gobiernos para que separen las discusiones de seguridad y política del ámbito comercial, advirtiendo que ningún producto puede mantener su competitividad si debe asumir sobrecostos arancelarios del 30% o 50%. Según Mac Master, están en juego cerca de 3.000 millones de dólares en comercio bilateral y el sustento de miles de familias vinculadas a las más de 2.500 empresas colombianas que participan en este intercambio.

Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, exigió el levantamiento inmediato de las barreras, específicamente sobretasas o aranceles de seguridad, impuestas al comercio formal. Díaz instó a la creación de una mesa de trabajo técnica que permita dar seguimiento a los compromisos de seguridad planteados por el presidente Daniel Noboa, argumentando que restringir el comercio legal solo beneficia a la ilegalidad.

“Los dos países nos estamos maltratando, dañando nuestro aparato económico”, afirmó Díaz, recordando que Colombia ya tiene desplegados 19.000 efectivos en la frontera para coordinar acciones de control.

La preocupación se extiende con especial fuerza al tejido de las pequeñas empresas. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son las más afectadas por las medidas arancelarias.

Ospina reveló que, de las aproximadamente 2.400 empresas que exportan a Ecuador, cerca del 65% corre un riesgo inminente de desaparecer, lo que impactaría gravemente el empleo formal, dado que este segmento genera más del 80% de los puestos de trabajo en el país.

Desde el sector comercial, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que la relación estratégica binacional ha quedado atrapada en una “espiral de decisiones unilaterales y represalias sucesivas”. Cabal presentó cifras alarmantes sobre el impacto regional: en el departamento de Nariño, el contrabando se ha incrementado en un 72% en los últimos meses, mientras que las ventas legales han caído más de un 60%.

Detrás de los 2.200 millones de dólares de la balanza comercial mencionada por Cabal, existen miles de rostros y pequeños comercios que sufren las consecuencias sociales de esta crisis.

Finalmente, Camilo Llinás Angulo, presidente de Acolfa, aportó una perspectiva legal al debate, sugiriendo que las recientes decisiones administrativas podrían estar transgrediendo el marco jurídico de la Comunidad Andina y la Ley 323 de 1996 de Colombia.

Llinás enfatizó que el ejecutivo no puede operar por fuera de los mecanismos de solución de controversias y defensa comercial establecidos por ley, y que imponer aranceles sin investigaciones previas (como medidas antidumping o salvaguardias) pone en riesgo la seguridad jurídica esencial para los empresarios en un marco geopolítico ya inestable.