La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advirtió sobre una posible inestabilidad financiara de la Triple A hacia futuro, por cuenta de la deuda que mantiene con esta compañía la empresa Alumbrado Público por concepto de la compra de acciones.
Este planteamiento fue hecho durante el anuncio de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en el sentido de no ceder las acciones de la Triple A vendidas en el año 2021, tras considerar que hubo irregularidades en ese proceso que generó un daño patrimonial al Estado.
El titular de esa entidad, Dagoberto Quiroga, aseguró que la cesión de acciones por la compañía prestadora de servicios públicos Alumbrado Público, tuvo un valor de 565 mil millones de pesos, de los cuales sólo ha pagado el 50 por ciento, con el compromiso de cancelar el resto a cuotas.
Sin embargo, para pagar el porcentaje restante, que suma más de 250 mil millones de pesos, depende esencialmente de las utilidades que vaya dando la Triple A.
SIN CAPACIDAD FINANCIERA
Según la Superintendencia, la empresa Alumbrado Público no tiene capacidad financiera para contratar empréstitos con la banca por ese monto, y lo cancelado como primera cuota tuvo que provenir de otra fuente.
“Nosotros hemos observado que la contratante quien adquiere las acciones de la SAE es Alumbrado Público, una empresa de economía mixta, que tiene acciones privadas y que de acuerdo con el contrato, con las informaciones que tenemos, es un valor por 565 mil millones de pesos, 250 mil que tenía que pagar, que ya canceló y el otro 50 por ciento al fiado, o sea pagar con las utilidades d la empresa”, explicó Dagoberto Quiroga.
EFECTOS EN EL SERVICIO
Anotó que el 50 por ciento que ya entregó “no entendemos de donde lo adquirió, porque de acuerdo a los estudios financieros de Alumbrado Público, no estaba en capacidad financiera para cancelarlos”.
Dice el Superservicios que prevé que ha sido un crédito obtenido por otra parte “Y en un momento en que se venga el cobro de ese 50 por ciento que se hizo para pagar el 50 por ciento, de pronto podría traer consigo una inestabilidad financiera de la empresa, porque todas las acciones quedaron pignorados, y ese sí podría afectar el servicio público”, enfatizó.
Sin embargo, sobre la prestación del servicio luego de esta decisión de la SAE de no ceder las acciones que fueron vendidas en 2021, aclaró que aún no representa un riesgo para que continúe prestándose a los usuarios en Barranquilla y otros municipios del Atlántico.
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