La Fiscalía General Penal Militar y Policial ha ampliado su investigación sobre el atentado cometido contra el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, Bogotá. El objetivo principal es determinar si miembros de la Policía tuvieron responsabilidad, ya sea por acción u omisión, en los fallos del esquema de seguridad que protegía al precandidato presidencial.
Esta decisión de la Fiscalía Militar se debe a que miembros activos del esquema de protección —tanto policías como escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)— podrían estar involucrados. El caso recayó en la jurisdicción especializada de la Justicia Penal Militar.
La Fiscalía investiga tres líneas fundamentales: Errores o negligencias en la protección del senador, incluyendo la coordinación y el número de escoltas asignados. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reconoció que el esquema disponible era insuficiente en el momento del atentado.
El otro tema tiene que ver con maniobras en el manejo de evidencias, como la manipulación del arma homicida por parte de uniformados sin respetar protocolos de custodia. Y procedimientos policiales fallidos, tanto en la reacción al ataque como en la captura y cadena de custodia del presunto autor material y otros implicados.
Lo que dijo el fiscal Marco Bolívar
“La Fiscalía General Penal Militar y Policial inició una indagación para efectos de establecer la posible responsabilidad por actos de omisión o de acción de los miembros de la fuerza pública que de alguna manera tuvieron que ver con la situación”, expresó el titular de esa entidad, general Marco Aurelio Bolívar.
“Me refiero concretamente a los integrantes del esquema de seguridad que pertenecen a la Policía Nacional, pero también fuimos más allá en el sentido de establecer si había algún tipo de responsabilidad por parte de la Policía de Vigilancia del sector, es decir, de los cuadrantes”, agregó.
Acciones y avances
La Fiscalía ha realizado más de 243 diligencias de policía judicial, incluyendo interceptaciones de teléfonos, entrevistas, allanamientos, revisión de cámaras y análisis forense, para reconstruir la cadena de hechos y lavado de evidencias.
A la par, se han capturado personas presuntamente vinculadas al atentado, entre ellas aquellos que habrían reclutado al sicario menor y proporcionado el arma. Sin embargo, el foco en esta fase ha girado ahora hacia los uniformados que integraban la protección del senador.
Contexto político y operativo
El presidente Gustavo Petro ha expresado su preocupación por infiltraciones dentro de la Policía Nacional. Advirtió que la institución “está fuertemente infiltrada” y ha instado a una investigación a fondo, incluso sobre los responsables del esquema de seguridad.
Por su parte, la UNP negó haber actuado con negligencia y afirmó que nunca recibió solicitudes formales para reforzar el esquema, atribuyendo eventuales deficiencias a decisiones del propio senador, como reducir la protección para incluir a su familia.
Objetivo de la investigación
El propósito central es clarificar si hubo, omisión deliberada o irresponsable en la prestación de protección, actos de complicidad o encubrimiento por parte de uniformados.
Igualmente, si hubo fallas operativas estructurales dentro del diseño del esquema de seguridad.
La Fiscalía Militar ha reiterado su compromiso con una investigación autónoma, rigurosa y transparente, con el fin de garantizar justicia y fortalecer la confianza en el Estado Social de Derecho.
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