La disputa judicial por la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe dio un nuevo giro. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Barranquilla revocó la decisión que había restablecido los derechos de Silvia Beatriz Gette Ponce para regresar a la rectoría de la institución, con lo que quedó sin efecto la orden judicial que respaldaba su retorno al cargo.
La determinación, conocida este viernes 9 de octubre, revocó la providencia del 8 de abril de 2026, cuando el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla había reconocido a Gette como víctima dentro de una actuación penal y ordenado restablecer sus derechos para asumir nuevamente la dirección de la universidad.
De acuerdo con la información divulgada por Zona Cero, contra esta nueva decisión no procede recurso alguno, por lo que el proceso judicial da un giro definitivo frente a la medida que había favorecido a la exrectora.
El juez de segunda instancia consideró que, si bien existen elementos para reconocer que Gette pudo haber sido afectada por su salida de la rectoría en 2013, la orden de restitución debía analizarse también a la luz de la autonomía universitaria y de los cambios que han experimentado los estatutos de la institución desde entonces.
En particular, el despacho estimó que la decisión inicial había excedido los límites de proporcionalidad al desconocer las modificaciones estatutarias adoptadas posteriormente por la universidad en ejercicio de su autonomía.
La disputa por la rectoría desde 2013
La controversia tiene su origen en la salida de Silvia Gette de la rectoría en mayo de 2013, cuando se encontraba de licencia para afrontar sus problemas judiciales. En ese momento, Ramsés Vargas Lamadrid fue designado para ocupar el cargo, decisión que posteriormente se convirtió en objeto de cuestionamientos.
En noviembre de 2025, la Fiscalía imputó los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado a integrantes del Consejo Directivo de la época y a Vargas Lamadrid, por las supuestas irregularidades relacionadas con su elección. Los procesados mencionados en la audiencia no aceptaron los cargos, mientras que Vargas no compareció y fue declarado en contumacia.
La Fiscalía sostuvo que, conforme a los estatutos universitarios vigentes en ese momento, correspondía al entonces vicerrector Mariano Romero asumir la suplencia de Gette. La investigación busca establecer si la elección de Vargas se produjo de manera irregular.
Sobre esa base, el 8 de abril de 2026, el juez de primera instancia consideró que había elementos para reconocer a Gette como víctima y restablecer sus derechos. La decisión abrió la posibilidad de su regreso después de más de 13 años fuera de la rectoría.
Posteriormente, tras superar los obstáculos judiciales iniciales, Gette regresó a la institución el 27 de abril de 2026. Sin embargo, la decisión conocida este viernes revocó la medida que respaldaba jurídicamente ese retorno.
El fallo representa un nuevo capítulo en una prolongada disputa que ha involucrado a antiguos directivos, autoridades judiciales, el Ministerio de Educación y los órganos de gobierno de la universidad.
Otro fallo ordena pagarle más de $7.586 millones
A la controversia por la rectoría se suma otro frente judicial que compromete las finanzas de la Universidad Autónoma del Caribe. El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla libró un mandamiento de pago por $7.586.148.566 a favor de Silvia Gette y sus hijos, por diferencias pensionales y reajustes que, según las decisiones judiciales, se habrían dejado de pagar entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de abril de 2026.
La obligación está relacionada con la pensión de sobrevivientes que recibe Gette tras la muerte de su esposo, Mario Ceballos Araújo, fundador de la institución y antiguo rector.
El origen del litigio se remonta a una sentencia del 28 de enero de 2015, mediante la cual se reconoció la prestación pensional. Posteriormente, el Tribunal Superior de Barranquilla modificó aspectos de su liquidación y, en una decisión del 15 de diciembre de 2016, estableció que la mesada debía reajustarse automáticamente en el 100 % de los incrementos salariales correspondientes al cargo de rector.
Según lo expuesto por el juzgado laboral, desde 2018 la universidad habría reducido unilateralmente la base salarial utilizada para calcular la pensión, lo que produjo diferencias en los pagos. El despacho consideró que la orden judicial establecía reajustes ligados a los incrementos salariales y no autorizaba disminuir la prestación por las reducciones posteriores en la remuneración del cargo.
El mandamiento de pago también contempla medidas cautelares de embargo y secuestro sobre dineros de la Universidad Autónoma del Caribe, de acuerdo con la información publicada por Zona Cero.
Es importante precisar que esta decisión corresponde a la ejecución de obligaciones pensionales reconocidas judicialmente y constituye un proceso distinto del litigio relacionado con el regreso de Gette a la rectoría.
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