En un hecho que refuerza las sospechas de filtración de información reservada, los principales socios detrás de la cadena de tiendas Lili Pink abandonaron Colombia días antes de que se ejecutara el mayor operativo contra contrabando y lavado de activos en el sector textil y comercial reciente.
Las autoridades allanaron e incautaron más de 400 establecimientos en todo el país, pero los presuntos cerebros de la estructura ya no estaban.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el entramado empresarial habría funcionado durante años mediante un sistema de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que permitía el ingreso de mercancía —prendas de vestir, juguetes y cosméticos— sin el cumplimiento pleno de controles aduaneros. Posteriormente, esos productos eran distribuidos en tiendas físicas para dar apariencia de legalidad.
El expediente revela cifras de alto impacto: un presunto lavado de activos cercano a los 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones, además de mercancía decomisada por la Dian avaluada en más de 54.000 millones. A esto se suma un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.
Un conductor, el socio mayoritario
Uno de los elementos más llamativos del caso es el perfil del único capturado hasta ahora. Según la Fiscalía, se trata de un hombre que figura en documentos como socio mayoritario de la compañía, pero cuyo historial laboral corresponde al de conductor en distintas empresas.
Para los investigadores, su papel encajaría en la figura de testaferrato: prestar su nombre para ocultar a los verdaderos responsables de la operación.
Mientras tanto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que los supuestos empresarios que estructuraron la red lograron salir del país antes de los allanamientos, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible fuga de información dentro de las entidades encargadas del caso.
La única persona judicializada fue imputada por delitos relacionados con lavado de activos y contrabando, pero tras la audiencia debió ser trasladada a un centro asistencial, lo que aplazó la decisión sobre una eventual medida de aseguramiento.
El caso Lili Pink abre ahora un frente adicional para las autoridades: no solo deberán rastrear el destino de los recursos y la red empresarial, sino también establecer cómo los principales implicados anticiparon el operativo.
La hipótesis de una filtración interna, de confirmarse, podría escalar el escándalo a niveles aún más sensibles dentro del aparato institucional.
Más historias
Gobierno nacional presenta decreto para impulsar inversiones y modernizar los puertos de Colombia
La FSU “Tura” arribó a Buenaventura, es clave para el inicio de operación de Regasificadora del Pacífico
Juez revoca reintegro de Silvia Gette a la rectoría de la Uniautónoma: Jorge Senior se mantiene en el cargo