La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha citado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión se fundamenta en la investigación por su presunta responsabilidad en una serie de eventos violentos ocurridos durante su mandato como gobernador de Antioquia, los cuales han sido calificados como crímenes de lesa humanidad.
Las razones esgrimidas por el ente acusador se centran en cuatro ejes principales que vinculan al exmandatario con el accionar paramilitar en el departamento de Antioquia durante la década de los 90. Uribe Vélez, según el ente acusador, habría tenido algún grado de responsabilidad en los siguientes hechos violentos:
Las Masacres de Ituango (La Granja y El Aro): La Fiscalía investiga la masacre de La Granja (1996), donde cuatro campesinos fueron asesinados; en este caso, se señala a Uribe por presunta omisión, pues se considera que tenía la capacidad y el deber de proteger a la población y no lo hizo.
Respecto a la masacre de El Aro (1997), que dejó 15 víctimas y el desplazamiento de la comunidad, la resolución lo sindica como presunto determinador. Según testimonios como el de Salvatore Mancuso, la matanza habría sido ejecutada por petición de Pedro Juan Moreno Villa, quien actuaba en nombre de Uribe.
El asesinato de Jesús María Valle: El defensor de derechos humanos fue asesinado en 1998 tras denunciar reiteradamente la connivencia entre militares y paramilitares en Ituango y la omisión del entonces gobernador.
La Fiscalía señala a Uribe como posible determinador de este homicidio, ejecutado presuntamente bajo la misma dinámica de intermediación de Moreno Villa.
Los presuntos nexos con paramilitares
Conformación del Bloque Metro: Existen indicios, según la Fiscalía, de un nexo entre Uribe y la creación de este grupo paramilitar, el cual habría tenido como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, propiedad de su familia. Por estos hechos, se le investiga por el delito de concierto para delinquir.
La resolución ordena ampliar testimonios de figuras clave como Salvatore Mancuso y el exsenador Miguel Alfonso de la Espriella, quien es señalado como uno de los presuntos enlaces del expresidente con las autodefensas.
Contexto jurídico y procesal
Este proceso, que se rige bajo la Ley 600, pasó a manos de la Fiscalía en septiembre de 2020, luego de que Álvaro Uribe renunciara a su curul en el Senado de la República y la Corte Suprema perdiera la competencia para investigarlo.
La vinculación formal mediante indagatoria implica que el despacho considera que existen indicios serios sobre su participación en los hechos.
Reacción del expresidente
A través de sus redes sociales, Álvaro Uribe Vélez confirmó la notificación y calificó el llamado como una “injusticia de clara presión política“.
El exmandatario cuestionó la imparcialidad de la fiscal a cargo, mencionando su pasado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y alegando que se le vincula al proceso sin haber recibido previamente una declaración suya.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que la decisión se basa en pruebas sólidas acopiadas durante años de investigación, incluyendo declaraciones de antiguos jefes paramilitares.
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