Las propuestas de los gremios al Gobierno para mitigar incrementos en tarifas de energía eléctrica

Andesco, Andeg, Acolgen y Asocodis, gremios del sector energético, enviaron una carta a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, convocando a unas mesas de trabajo para tratar el tema de las tarifas de energía eléctrica.

Los gremios señalaron los antecedentes que han llevado al incremento de la tarifa de energía eléctrica, principalmente en la región Caribe. Además, plantearon alternativas “que consideramos el punto de partida para superar la situación actual, en procura del bienestar de los consumidores del servicio que nuestras empresas agremiadas prestan”, señalaron los gremios

“Somos conscientes de la situación actual y de las condiciones macroeconómicas internas y externas que están presionando al alza de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios en nuestro país, incluido dentro de estos la tarifa de energía eléctrica, lo que afecta, en consecuencia, la canasta familiar y finanzas de los usuarios”, afirmaron las 4 agremiaciones, que mostraron su interés de coadyuvar a la solución de esta coyuntura inflacionaria, al menos en lo que tiene que ver con la tarifa del servicio de electricidad.

“Desde 2020, año en que inició la pandemia, los prestadores del servicio de electricidad han venido implementando medidas para asegurar su continuidad, y para mitigar los impactos que dificultan el pago por parte de los usuarios. En particular, en la mayoría de los casos, los comercializadores han venido aplicando, de manera voluntaria, un mecanismo que consiste en aplazar en el tiempo, a través de una senda, la aplicación de incrementos significativos que se presenten en las tarifas como resultado del cálculo de las fórmulas tarifarias, de manera que se proteja al usuario de aumentos bruscos del precio final a pagar por el servicio que reciben”, indica la misiva.

Sostienen que como consecuencia de la aplicación de esta estrategia los agentes aún tienen saldos pendientes por cobrar a los usuarios que suman alrededor de $4 billones de pesos. “No obstante lo anterior, esta medida no ha sido suficiente para mitigar la totalidad de los impactos que se han producido para los usuarios, dado que el mundo está enfrentando una coyuntura inflacionaria sin precedentes en la historia reciente como resultado de múltiples variables que afectan el costo de producir bienes y prestar servicios, la cual ha impactado la mayor parte de los indicadores económicos y con ello gran cantidad de bienes y servicios, incluyendo las tarifas del servicio de energía”, indican.

Andesco, Andeg, Acolgen y Asocodis anotan que en el país existen otros factores que jalonan los precios como la aplicación de la nueva metodología de remuneración de distribución, las restricciones y el Índice de Precios al Productor IPP, que históricamente se ha usado como indexador de los precios de la mayoría de los componentes que hacen parte de la tarifa del servicio.

“Para dimensionar la magnitud de lo que ocurre en la actualidad, se observa que el indicador IPP de oferta interna ha tenido un incremento acumulado este año de cerca de un 21,8%, cuando la variación para los mismos meses entre 2018 y 2019 fue del 4,7%”, precisa a carta.

Los gremios aseguran que adicionalmente a este incremento exacerbado del IPP en algunas zonas del país, por condiciones específicas asociadas a la manera en que se presta el servicio en ellas, han sufrido con mayor rigor la coyuntura inflacionaria que aquí hemos descrito.

Este es el caso de la región Caribe, en la que el Estado Colombiano, en procura de una solución a la situación que puso en riesgo la continuidad del servicio para tal región, materializó un paquete de medidas que llevaron a adjudicar a dos proveedores la prestación del servicio, con unos compromisos de inversión específicos. Para abordar este impacto en tarifa, los firmantes de la carta dicen que se requiere no perder de vista los compromisos realizados con los operadores asignados, y probablemente la búsqueda de fuentes de recursos para cubrir dichas necesidades.

Estas asociaciones manifiestan que han venido adelantando sesiones de trabajo en los últimos dos meses con agentes de todo el sector, es decir, prestadores de toda la cadena del servicio público de energía eléctrica (empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización), para analizar alternativas de solución que aporten en la discusión y construcción de medidas que permitan atender la coyuntura ocasionada por la inflación, que no es gestionable por dichos agentes.

PROPUESTAS

Las propuestas del sector, según su alcance, se encuentran agrupadas en corto y mediano plazo, de la siguiente manera:

a. Medidas de corto plazo

-La financiación por parte de agentes de la cadena de prestación del servicio, de una proporción de las componentes de la tarifa correspondientes a generación (G) y de cargos de transmisión (T). La financiación sería mínima por un año y del 10% del monto de estos componentes. Este monto financiado se recuperaría vía tarifa en un período de dos años con las mismas condiciones de tasa de interés definidas en la regulación de la actual opción tarifaria.

“Para que el usuario perciba esta financiación, será pertinente que la CREG revise y ajuste la regulación vigente de la opción tarifaria, considerando la flexibilidad del comercializador de definir el porcentaje de incremento mensual de la senda, con el fin de que no vaya a opacar el efecto de las medidas aquí planteadas y los usuarios finales perciban el beneficio del esfuerzo realizado”, indica la misiva.

-Limitar el incremento esperado del IPP en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo, lo cual, de entrada, delimitaría la proporción del incremento de este componente de la tarifa, buscando no afectar la libre competencia existente en este mercado.

“Como complemento, sugerimos adelantar pagos de los subsidios aplicados por las empresas a los usuarios más vulnerables, para poder aliviar los impactos que ha tenido la aplicación de la opción tarifaria en el flujo de caja de las empresas”, añaden.

Dicen que también es preciso que se defina en el corto plazo, de manera simultánea a lo anterior, un mecanismo que permita la recuperación de los saldos pendientes por cobrar de los comercializadores, definiendo un periodo de tiempo máximo para ello, y proporcionando facilidades de financiación, acorde con el costo de oportunidad del mercado.

Estas medidas requieren un acto administrativo por parte del Gobierno Nacional para su implementación en el corto plazo.

Todas estas medidas, sin perjuicio de los recursos o mecanismos de financiamiento que también puedan aportar para la solución de la coyuntura, a través de los fondos ya existentes u otras alternativas factibles, como se ha hecho en otros países, cuyas fuentes pueden ser: el Gobierno Nacional, la banca multilateral o Fondos como Fenoge, Fogafin, entre otros.

b. Largo plazo

Proponen la revisión e impacto sobre las modificaciones de los indexadores en la fórmula tarifaria, con el fin de decidir si es adecuado o no su replanteamiento.

Igualmente se sugiere revisar con mayor profundidad la propuesta que ha surgido en diferentes escenarios sobre estructurar un fondo de estabilización que permita mitigar impactos de incrementos tarifarios a los usuarios a futuro, definiendo con claridad el alcance, mecanismo de aplicación y de financiación.