Alexis Castillo

Legalizan captura del concejal de Barranquilla Alexis Castillo por violencia intrafamiliar

En una audiencia realizada tras su entrega voluntaria, un juez de control de garantías de Barranquilla legalizó la captura del concejal Alexis Castillo, quien es investigado por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada.

El cabildante, integrante del Partido Conservador Colombiano, se presentó en la mañana de este martes 24 de febrero ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

Su entrega se produjo tras conocerse una orden de captura vigente emitida por un juez, luego de que la Fiscalía argumentara una posible obstrucción al proceso.

Según un comunicado emitido por Alexis Castillo a través de sus redes sociales, la orden judicial obedeció a su inasistencia a una audiencia programada para el mes de noviembre, en la cual se realizaría el traslado del escrito de acusación.

El ente acusador interpretó esta ausencia como una falta de voluntad para comparecer, lo que derivó en la solicitud de captura que finalmente fue ejecutada tras su presentación voluntaria.

Antecedentes del caso

El proceso judicial contra el concejal se remonta a denuncias interpuestas por su expareja sentimental, Silvia Aragón. La mujer sostiene que ha sido víctima de agresiones físicas, psicológicas, emocionales, patrimoniales y económicas desde el año 2023.

Como parte de las pruebas que han trascendido, se encuentran fotografías que muestran marcas visibles en la piel de la denunciante, las cuales evidenciarían la gravedad de los presuntos ataques.

Defensa y situación jurídica

Por su parte, el concejal Castillo ha rechazado los señalamientos en su contra, asegurando que el proceso se deriva de un “conflicto personal” en curso y no de una conducta delictiva.

Tras la legalización de su captura, el caso entra en una nueva etapa judicial. Se espera que en las próximas horas se adelanten las audiencias de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, donde un juez definirá si el cabildante deberá enfrentar el proceso en libertad o bajo alguna medida restrictiva.