Lonja de Barranquilla rechaza aumento del salario mínimo: Alerta por impacto en vivienda social y empleo

La Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla y el Atlántico manifestó su firme oposición al incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) anunciado para el año 2026. El gremio inmobiliario califica la medida como desproporcionada y carente de sustento técnico suficiente, advirtiendo que se encuentra totalmente desconectada de las condiciones reales de la economía colombiana.

Para el sector inmobiliario, el riesgo más crítico radica en el encarecimiento de la Vivienda de Interés Social (VIS). Debido a que el valor de estas viviendas está indexado al salario mínimo, el ajuste decretado provocaría un aumento inmediato cercano al 23% en sus precios. Esta situación no solo profundizaría el déficit habitacional del país, sino que también incrementaría los desistimientos en la compra de inmuebles, alejando a los hogares más vulnerables del sueño de tener casa propia.

Kelina Puche, directora ejecutiva de la Lonja de Barranquilla, ha hecho un llamado urgente a la institucionalidad y a los órganos de control para que se revise la decisión. Según Puche, es imperativo que el salario mínimo refleje la productividad y el crecimiento económico, en lugar de ser utilizado para sustituir políticas públicas estructurales.

El gremio subraya que un aumento desconectado de la productividad termina por elevar la inflación y destruir el empleo formal.

Entre las preocupaciones adicionales destacadas por el gremio se encuentran el impacto en las Pymes. La mayoría de las empresas del sector inmobiliario son micro y pequeñas empresas con márgenes limitados. El incremento exagerado de los costos laborales podría forzarlas a reducir puestos de trabajo o migrar hacia la informalidad.

Presión inflacionaria e indexación. Puche afirma que el salario mínimo actúa como variable de indexación para servicios, seguridad social, salud y sanciones, lo que presionará al alza el costo de vida.

Inestabilidad macroeconómica. El choque podría obligar al Banco de la República a endurecer la política monetaria (subir tasas de interés), afectando la inversión y el consumo, además de deteriorar las finanzas públicas por el mayor gasto en pensiones y nómina estatal.

Precisa el gremio que este ajuste se produce en un contexto ya complejo, marcado por los costos adicionales derivados de la reforma laboral y la reducción progresiva de la jornada laboral, factores que limitan la capacidad de las empresas para sostener el empleo formal.