La administración del presidente Donald Trump estudia nuevas medidas migratorias que podrían obligar a miles de colombianos con estatus legal temporal en Estados Unidos a abandonar el país mientras tramitan su residencia permanente, en un giro que ha encendido las alarmas entre abogados y organizaciones defensoras de migrantes.
De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la propuesta busca restringir el llamado “ajuste de estatus”, mecanismo que actualmente permite a ciertos extranjeros solicitar la residencia permanente (“green card”) sin salir de territorio estadounidense.
Bajo el nuevo esquema, los solicitantes tendrían que regresar a su país de origen y completar el proceso desde un consulado estadounidense.
Expertos en inmigración advierten que el cambio afectaría especialmente a migrantes que ingresaron con permisos temporales, programas de reunificación familiar o beneficios humanitarios. En muchos casos, salir de Estados Unidos podría traducirse en la pérdida automática de protección migratoria y en la imposibilidad de regresar durante años si el trámite es rechazado.
La ofensiva migratoria de la administración Trump también ha incluido intentos por desmontar programas de protección temporal como el TPS y distintos esquemas de “parole” humanitario aprobados durante el gobierno anterior.
En riesgo de deportación
Organizaciones civiles denuncian que estas decisiones han dejado a cientos de miles de migrantes en riesgo de deportación pese a haber permanecido legalmente en el país.
Entre los colombianos crece la preocupación porque muchos han construido su vida en ciudades como Miami, Nueva York, Houston y Orlando, entre otras, donde trabajan, pagan impuestos y tienen hijos ciudadanos estadounidenses.
Abogados consultados por medios estadounidenses sostienen que la nueva política podría derivar en procesos “prácticamente inapelables” si las solicitudes son negadas desde el exterior.
El endurecimiento migratorio ocurre en medio de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para acelerar deportaciones y promover la llamada “autodeportación”, una política basada en aumentar la presión legal, económica y administrativa sobre los inmigrantes. En las últimas semanas se han reportado multas millonarias, cancelaciones de permisos y mayores controles migratorios en distintas ciudades del país.
Aunque el gobierno estadounidense no ha detallado cuántos colombianos podrían verse afectados, organizaciones migratorias estiman que miles de familias latinoamericanas quedarían expuestas a la pérdida de su estatus legal si las medidas entran en vigor en los próximos meses.
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