El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se pronunció para aclarar los alcances del proyecto de resolución que busca recaudar fondos a través de la factura de energía para sanear las deudas de empresas intervenidas, con especial énfasis en Air-e, cuya crítica situación ha empeorado.
El jefe de la cartera energética enfatizó que esta medida es temporal y progresiva, diseñada bajo un esquema de solidaridad donde los que más tienen, más pagarían.
“Este aporte es temporal y solidario, para proteger un servicio esencial mientras corregimos las fallas estructurales que otros dejaron crecer”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
La urgencia de esta intervención regulatoria no es menor. Según el ministro, el Gobierno recibió un sistema al límite, con deudas acumuladas y un riesgo real de apagones.
La insolvencia de Air-e, cuya deuda con los generadores y transmisores alcanza $1,6 billones al cierre de diciembre de 2025, ha dejado de ser un problema regional para convertirse en una amenaza nacional.
El potencial de desestabilización
El diagnóstico oficial es alarmante: aunque Air-e solo atiende al 12% de la demanda nacional, el incumplimiento de sus obligaciones financieras —que crecen a un ritmo de $200.000 millones mensuales— tiene el potencial de desestabilizar a agentes que representan aproximadamente el 40% de la demanda total del país.
Expertos y el administrador del sistema, XM, han advertido sobre la inminencia de un colapso en la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista MEM, lo que califica como un riesgo estructural y sistémico para la seguridad energética de Colombia.
“El problema energético del Caribe no es solo de los costeños. Es un problema nacional. Por allí han pasado 7 empresas en 20 años y todos han fracasado. La clase política ha sido responsable de ello”, expresó Edwin Palma.
Detalles de la propuesta técnica
La medida, que actualmente se encuentra en etapa de comentarios ciudadanos hasta el 22 de enero de 2026, propone que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales recaude un valor de $8 por kilovatio−hora(/kWh) entre toda la demanda del Sistema Interconectado Nacional, SIN.
Este monto se aplicará a través del componente de restricciones en la tarifa, rubro que usualmente compensa dificultades en el transporte de electricidad.
Palma defendió la necesidad de este aporte argumentando que es una acción responsable para evitar un daño mayor, comparándola con medidas tomadas en el pasado para salvar bancos o financiar obras viales.
“No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica”, afirmó el ministro, señalando además que se busca proteger el acceso a la energía como un derecho fundamental frente a las fallas estructurales heredadas.
Hacia una solución de fondo
Si bien el recaudo para el pago de las deudas de Air-e y otras empresas intervenidas es una solución inmediata para detener la problemática financiera que afecta a entre 18 y 20 comercializadores del país, el Gobierno proyecta que sea un mecanismo puente.
Una vez la resolución quede en firme, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, dispondrá de un plazo de seis meses para reglamentar un esquema de confiabilidad definitivo que mitigue estos riesgos a largo plazo.
El ministro lamentó que no se pudiese resolver esta situación mediante la ley de financiamiento que fue hundida en el Congreso, pero reiteró que el compromiso actual es proteger a los 1,2 millones de familias afectadas y garantizar la estabilidad del servicio esencial de energía en todo el territorio nacional.
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