El presidente Gustavo Petro anunció que su administración radicará ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria) con mensaje de urgencia.
Esta decisión surge como una respuesta directa al desequilibrio en el presupuesto nacional y al reciente incremento de las tasas de interés, que el Banco de la República fijó en un 11,25 %.
Esta iniciativa marca la tercera ocasión en la que el Ejecutivo presenta una reforma de este tipo; cabe recordar que la primera fue aprobada en 2022, mientras que la segunda, que pretendía recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto de 2026, fue rechazada por el Legislativo.
En esta oportunidad, el mandatario ha sido enfático: de no encontrar respaldo en el Congreso, el Gobierno nacional contempla la declaratoria de una nueva emergencia económica para salvaguardar el nivel de vida de los ciudadanos.
El proyecto recogerá medidas planteadas previamente en una emergencia económica que actualmente se encuentra suspendida por la Corte Constitucional. “Si este Congreso no lo aprueba, lo hará el siguiente; y, si es necesario, decretaremos una nueva emergencia económica“, aseguró el jefe de Estado.
Tensión con el Banco de la República
El anuncio profundiza la fractura entre la Casa de Nariño y el Banco de la República. Petro cuestionó duramente el aumento de los tipos de interés, sugiriendo que dicha medida beneficia principalmente a los dueños del sector financiero, como fondos de pensiones, bancos comerciales y compañías de seguros.
Por su parte, el banco central justificó el incremento de 100 puntos básicos debido a que las expectativas de inflación siguen siendo elevadas, agravadas por la inestabilidad internacional derivada de la guerra en Irán.
Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, incluso se retiró de la última reunión de la Junta Directiva en señal de desacuerdo.
Medidas de choque: fertilizantes, carne y subsidios
Como parte de su estrategia para mitigar el impacto inflacionario y el alza de tasas, el presidente ordenó acciones inmediatas enfocadas en el sector agropecuario.
Control de exportaciones: Se prohibirá la exportación de fertilizantes producidos en Colombia y se limitará la salida de productos cárnicos del país para reducir los precios internos. Toda exportación de fertilizantes remanente estará sujeta a altos aranceles.
Subsidios al crédito: Se implementará una política de tasa compensada (crédito subsidiado) dirigida especialmente a zonas de desastre afectadas por inundaciones, como los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia.
Fomento a la producción: El Gobierno apuesta a que una mayor producción de alimentos por parte del campesinado permita reducir el costo de la canasta básica y mitigar el choque de la política monetaria restrictiva.
Con este movimiento, el Gobierno busca no solo equilibrar las finanzas estatales, sino también demostrar que es posible bajar la inflación mediante el fortalecimiento de la oferta alimentaria, independientemente de las decisiones de la autoridad monetaria.
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