El presidente Gustavo Petro afirmó que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, al asegurar que el verdadero ganador de las elecciones presidenciales fue Iván Cepeda y que los resultados fueron alterados mediante un supuesto “fraude algorítmico” ejecutado desde el exterior.
A través de una extensa publicación en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que sus acusaciones están respaldadas por pruebas y anunció que estas serán entregadas a la bancada del Pacto Histórico y, posteriormente, a las autoridades judiciales de Colombia y de Estados Unidos.
“Claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables, están completamente probadas”, escribió Petro al iniciar su mensaje.
El jefe de Estado aseguró que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda” y afirmó que la victoria de De la Espriella “se hizo con algoritmos desde California”, los cuales, según dijo, fueron desarrollados por empresas privadas de inteligencia de Israel.
Petro manifestó que las evidencias serán conocidas por la justicia colombiana y la estadounidense, argumentando que, según su versión, parte de los presuntos delitos se habrían cometido en territorio norteamericano.
Acusaciones sobre manipulación del voto
En su pronunciamiento, el mandatario señaló que el supuesto fraude consistió en reemplazar los votos de ciudadanos que tradicionalmente no participan en las elecciones, especialmente colombianos residentes en el exterior.
Según Petro, en mesas de votación de Estados Unidos y España se habrían utilizado jurados provenientes de Colombia y no residentes en esos países, lo que calificó de ilegal. Además, sostuvo que algunas personas habrían podido votar varias veces utilizando la identidad de ciudadanos ausentes.
El presidente también afirmó que situaciones similares se habrían presentado en Antioquia, Medellín, Norte de Santander y algunos puestos de votación del norte de Bogotá.
Como ejemplo, aseguró que uno de sus hijos encontró que, al acudir a verificar su situación electoral, figuraba como si ya hubiera ejercido su derecho al voto.
Señalamientos contra empresas y financiación extranjera
Petro aseguró que una empresa israelí de inteligencia privada llamada Black Cube habría suministrado los supuestos algoritmos utilizados para alterar los resultados electorales.
Asimismo, mencionó a la firma de lobby Balart, a la que señaló de haber recibido millones de dólares para mejorar la imagen internacional de De la Espriella.
El mandatario también planteó interrogantes sobre una supuesta inversión de 1,8 millones de dólares en publicidad en Meta por parte del empresario estadounidense Dan Newlin, aclarando que no estaba afirmando que hubiera financiado directamente la campaña presidencial de De la Espriella.
Críticas al proceso electoral
El presidente sostuvo además que los sistemas de ciberseguridad utilizados por la Registraduría pertenecen a empresas extranjeras, las cuales, según él, no detectaron la presunta manipulación de los formularios E-14.
En ese sentido, afirmó que la autoridad electoral “entregó la seguridad del voto del pueblo colombiano” a compañías cuyos gobiernos, según dijo, tenían interés en el resultado de la elección presidencial.
Petro concluyó que, desde su perspectiva, “el presidente de Colombia acepta que, de acuerdo con la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda”, y reiteró que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
Finalmente, convocó a las “mayorías nacionales” a movilizarse el próximo 20 de julio “en todas las plazas públicas”, en lo que denominó un “grito de la independencia nacional”.
Sin evidencia pública que respalde las acusaciones
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha hecho públicas las pruebas que, según afirmó, sustentan sus denuncias. Tampoco la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral o las autoridades judiciales han confirmado la existencia de un fraude electoral de las características descritas por el mandatario.
Las afirmaciones del jefe de Estado corresponden a sus declaraciones públicas y, por ahora, no han sido corroboradas por decisiones judiciales ni por investigaciones oficiales concluidas.
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