Ante la crítica situación financiera que atraviesa la comercializadora y distribuidora de energía, Air-e, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, Alejandro Castañeda, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que busque soluciones definitivas a este problema, dentro del Presupuesto General de la Nación.
Tras respaldar la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto que establece a las generadoras la obligación del pago de contribuciones en dinero y en especie, el dirigente gremial recordó que Air-e tiene deudas con generadores y transmisores de energía por el orden de los 1.7 billones de pesos.
Es bueno recordar que de esa abultada cantidad, solamente a las empresas de generación de energía térmica, les debe más de 1.2 billón de pesos.
Alejando Castañeda advirtió que el impago de esta millonaria suma genera una presión y un riesgo sistémico sobre todos los agentes de la cadena energética.
En este sentido, instó al Gobierno nacional a identificar alternativas coherentes que permitan nutrir el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos con recursos del presupuesto nacional.
Que se inyecte al Fondo Empresarial
La idea es que con esa plata se inyecte al señalado Fondo y este procesa a pagar las deudas de Air-e, a la que tiene intervenida hace casi un año y medio, y de esa manera se cuente lo antes posible con recursos para el pago de los compromisos que crecen día a día.
La propuesta de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, consiste en que, una vez fortalecido este fondo, se realicen los traslados de recursos necesarios a la empresa Air-e.
Esto permitiría que la compañía no solo garantice su sostenibilidad operativa en la región Caribe, sino que también cuente con la liquidez suficiente para honrar sus deudas actuales y futuras con los demás actores del sistema.
Finalmente, el líder gremial recordó que la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio público domiciliario en todo el país recae sobre el Gobierno Nacional y la Superintendencia, por lo que es imperativo encontrar una salida que mitigue el riesgo de un colapso financiero en el sector.
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