El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió hoy la ponencia final elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en la que se concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 excedió los topes de financiación permitidos por la normativa electoral, por un monto superior a 3.500 millones de pesos.
La ponencia, fruto de una investigación que se extendió por más de dos años y medio, detecta gastos irregulares tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral.
Se propone imponer sanciones económicas, entre devoluciones y multas, dirigidas al exgerente de la campaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), además de otros directivos de la estrategia y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Se informó que, en el caso específico de Roa, las sanciones podrían superar los 4.000 millones de pesos.
La Sala Plena del CNE, compuesta por ocho magistrados, está llamada a decidir si aprueba la ponencia. Ha trascendido que el respaldo interno sería de cinco votos a favor contra tres en contra.
A favor: Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Cristian Quirós y Maritza Martínez. Y en contra: Altus Vaquero, Álvaro Echeverri y Fabiola Márquez (cercana al Pacto Histórico).
Hecho sin precedentes
Esta investigación representa un hecho sin precedentes en la historia colombiana: es la primera vez que una campaña presidencial, ahora del presidente en ejercicio, es objeto de una sanción formal por presunta violación de topes.
Cabe recordar que, según decisión previa de la Corte Constitucional, Gustavo Petro fue excluido del proceso investigativo del CNE por vía de una tutela, al amparo de su fuero, por lo que cualquier investigación en su contra, corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Con la ponencia ya radicada, el país espera el pronunciamiento de la Sala Plena del CNE. De aprobarse, se abriría la ruta para sanciones efectivas, aunque persiste la delimitación de responsabilidades conforme al fuero presidencial.
Finalmente, el caso marca un precedente en el fortalecimiento de la vigilancia del financiamiento político en Colombia.
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