El presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció este lunes la existencia de un supuesto plan para asesinarlo, el cual, según afirmó, estaría siendo coordinado por integrantes del ELN y de las disidencias de las Farc.
La advertencia fue hecha por el mandatario electo durante una declaración pública, en la que aseguró que las amenazas se han intensificado a pocos días de su posesión presidencial y en medio de los empalmes regionales con las autoridades locales.
De la Espriella sostuvo que su equipo de seguridad, con base en información de inteligencia, le informó sobre la existencia de un plan criminal en su contra y señaló directamente a estructuras del ELN y del Frente 33 de las disidencias de las Farc como los responsables de promover el atentado. Según indicó, por concretar el asesinato se habría fijado una suma de 3.000 millones de pesos.
El presidente electo afirmó que, pese a las amenazas, mantendrá su agenda institucional y no modificará las decisiones que ha anunciado en materia de seguridad y lucha contra los grupos armados ilegales.
La denuncia se produce pocos días después de que De la Espriella endureciera su discurso contra esas organizaciones ilegales, a cuyos principales comandantes les dio un ultimátum para entregarse a las autoridades, advirtiendo que, de lo contrario, serían perseguidos con todo el aparato del Estado. Entre los señalados por el mandatario electo figuran alias “Alfred“, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias “Andrey“, comandante del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre el supuesto plan ni han confirmado públicamente la información entregada por el presidente electo. Tampoco se conocen pronunciamientos oficiales del ELN o de las disidencias de las Farc frente a las acusaciones.
La denuncia se suma a otras advertencias formuladas por De la Espriella durante la campaña presidencial y después de su elección, en las que ha asegurado ser objetivo de organizaciones criminales debido a su propuesta de combatir con mayor contundencia a los grupos armados ilegales y desmontar la política de “paz total“.
Mientras se verifica el alcance de la amenaza, se espera que el esquema de seguridad del presidente electo sea reforzado por las autoridades competentes, teniendo en cuenta la gravedad de la denuncia y la proximidad de la transmisión del mando presidencial.
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