En una declaración de Estado emitida desde Leticia, durante la conmemoración de los 206 años de la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa, ni acepta a lo que calificó como “autoridades de facto” establecidas en esa zona.
Petro calificó como inaceptable y violatorio al Protocolo de Río de Janeiro de 1934 el acto unilateral peruano de exigir registro a embarcaciones en la isla, lo que, según él, viola el principio de libre navegabilidad.
Asimismo, manifestó que la creación del distrito peruano “Santa Rosa de Loreto” constituye un acto unilateral que ignora los instrumentos jurídicos binacionales, pues la isla en disputa —surgida tras los acuerdos de 1929— no fue asignada formalmente a ninguno de los dos países.
Como mecanismo diplomático, Petro confirmó la participación del gobierno colombiano en la Comisión Mixta Permanente de Inspección de Frontera, programada para el 11 y 12 de septiembre en Lima, en busca de resolver la controversia en el marco del derecho internacional.
La respuesta política en Colombia fue inmediata. El presidente del Congreso, Lidio García, respaldó públicamente la defensa de la soberanía, calificándola como un deber patriótico, aunque sectores de oposición lo calificaron de distracción política.
El el lado peruano, la reacción fue de firme rechazo. El Congreso del Perú reafirmó su soberanía sobre la isla, advirtiendo que Petro busca desviar la atención de los problemas internos de Colombia.
El gobernador regional de Loreto reforzó esta posición denunciando la presencia estatal peruana en la zona —militar y civil— como prueba de administración legítima.
Este nuevo capítulo en la disputa por Santa Rosa resalta no solo las complejidades de los conflictos limítrofes en zonas fluviales dinámicas, sino también la necesidad de mecanismos binacionales estables para evitar escaladas diplomáticas.
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