Verónica Alcocer

Procuraduría llama a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas por denuncias contra Verónica Alcocer

La Procuraduría General de la Nación citó a declarar bajo la gravedad de juramento a Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, y a otras cinco personas, en el marco de las actuaciones que buscan esclarecer las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, y a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro.

La decisión, conocida este martes 13 de octubre, se produjo tras las recientes publicaciones de la revista Semana, en las que Ferrer formuló señalamientos sobre supuestas irregularidades relacionadas con movimientos de dinero, posibles actividades ilícitas y el uso de aeronaves oficiales.

Además de Ferrer, el Ministerio Público citó a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. La entidad busca recoger sus testimonios y obtener información que permita establecer las circunstancias de los hechos denunciados.

De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, la decisión quedó consignada en un auto que también ordenó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practicar las pruebas necesarias para verificar los señalamientos.

¿Quiénes fueron citados por la Procuraduría?

Las seis personas llamadas a declarar son: Eva Ferrer: exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia y antigua colaboradora de Verónica Alcocer; Carmen Caballero: presidenta de ProColombia; Angie Rodríguez: exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro.

Igualmente, Concepción Baracaldo: exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Guillermo Reyes: exministro de Transporte, e Ingrid Carolina Plata Navas: exfuncionaria vinculada al entorno de la Casa de Nariño.

Las declaraciones se recibirán bajo juramento y forman parte de las diligencias dispuestas por el organismo de control para contrastar la información divulgada públicamente y determinar si existen elementos que permitan establecer eventuales responsabilidades disciplinarias.

Las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

La citación se conoce después de que Ferrer, quien trabajó con Alcocer durante la campaña presidencial de Petro y posteriormente ocupó un cargo en su gobierno, hiciera públicas varias acusaciones contra la exprimera dama.

Entre los señalamientos, la exconsejera afirmó que supuestamente se habrían trasladado 2,5 millones de dólares desde Venezuela hacia Colombia en enero de 2023. Según su versión, parte de esos recursos habría tenido como posible destino la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama.

Ferrer también hizo afirmaciones sobre presuntos movimientos de dinero y sustancias ilícitas en viajes entre ambos países, así como sobre la supuesta utilización de aeronaves oficiales. En sus declaraciones, además, mencionó a otras personas que, según sostuvo, tendrían conocimiento de los hechos.

Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de Ferrer y deberán ser verificadas por las autoridades competentes. Su divulgación no constituye, por sí misma, prueba de la comisión de delitos.

¿Qué busca establecer la Procuraduría?

La actuación tiene como propósito recaudar elementos de prueba, verificar las circunstancias descritas en las publicaciones periodísticas y determinar si los hechos podrían comprometer la responsabilidad disciplinaria de servidores públicos.

Según los reportes conocidos, la citación se integra a una investigación que la Procuraduría ya había iniciado a partir de publicaciones anteriores de Semana sobre las denuncias de Ferrer.

Por ahora, el llamado a declarar no equivale a una declaración de culpabilidad ni demuestra que las conductas denunciadas hayan ocurrido. La investigación deberá avanzar mediante la práctica de pruebas y la valoración de los testimonios y demás elementos que se incorporen al expediente.

El desarrollo de estas diligencias será clave para establecer qué información puede corroborarse y si existen fundamentos para adoptar nuevas decisiones dentro de las competencias del Ministerio Público.

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