Barranquilla. La crisis institucional en la Universidad del Atlántico sumó un nuevo capítulo luego de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la suspensión provisional por tres meses del rector encargado, Rafael Castillo Pacheco, al considerar que habría incumplido una decisión judicial relacionada con la administración del alma mater.
La medida fue adoptada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, que además abrió una investigación disciplinaria para establecer si el funcionario desacató las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, las cuales suspendieron la denominada “vigilancia especial” ejercida por el Ministerio de Educación sobre la institución y, en consecuencia, dejaron sin sustento jurídico su permanencia en el cargo.
Según el organismo de control, las decisiones judiciales son de cumplimiento inmediato y no pueden quedar supeditadas a solicitudes de aclaración o recursos presentados por las partes. En ese sentido, la Procuraduría concluyó que mantener a Castillo Pacheco como rector podría afectar los principios de legalidad y moralidad administrativa.
Investigación disciplinaria
En el auto mediante el cual se ordenó la suspensión, el Ministerio Público señaló que existen elementos suficientes para investigar la conducta del rector encargado, quien presuntamente no acató el fallo que ordenaba restablecer la situación jurídica previa a la intervención del Ministerio de Educación.
La suspensión fue decretada por un período inicial de tres meses, prorrogable si las circunstancias de la investigación así lo ameritan, mientras avanza el proceso disciplinario.
Leyton Barrios retomaría la rectoría
El proceso se deriva del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que dejó sin efectos la intervención del Ministerio de Educación y devolvió vigencia a la designación de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico, decisión que la Procuraduría ha insistido debe cumplirse de manera inmediata.
Tras conocerse la decisión disciplinaria, Rafael Castillo confirmó su salida del cargo, señalando que acatará lo dispuesto por las autoridades mientras continúa el trámite judicial correspondiente.
Persisten las tensiones en la Universidad del Atlántico
La suspensión de Rafael Castillo profundiza la controversia que desde hace meses rodea el gobierno de la Universidad del Atlántico, escenario de disputas jurídicas y administrativas entre las autoridades universitarias, el Ministerio de Educación y los organismos de control.
Con esta decisión, la Procuraduría busca garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y evitar que continúe una situación que, según el ente disciplinario, podría comprometer la legalidad de las actuaciones administrativas dentro de una de las principales universidades públicas de la región Caribe.
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