Radican proyecto de Ley que declara la seguridad energética como un derecho colectivo

Con el objetivo de blindar a los colombianos frente a los apagones, las tarifas injustas y el desabastecimiento, fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley que declara la Seguridad Energética como un Derecho e Interés Colectivo.

La iniciativa modifica la Ley 472 de 1998 para garantizar que el Estado provea un suministro de energía confiable, continuo y estable para todos. Los ponentes indicaron que la crisis energética no es una amenaza a futuro, es una realidad que hoy afecta a millones de colombianos.

Este proyecto busca que el acceso a la energía deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho esencial para asegurar la calidad de vida de los más vulnerables. Esto, teniendo en cuenta que familias enteras que cocinan con leña, negocios que cierran por los costos insostenibles de la luz, y hospitales que dependen de un servicio que no puede fallar.

“Sin energía no hay derechos. No se puede hablar de salud, educación o trabajo si no hay luz en los hospitales, en las escuelas o en las empresas. Este proyecto es un blindaje para las familias frente a la pobreza energética y un mandato claro al Estado para que garantice nuestra soberanía y autosuficiencia energética”, afirmó la Representante Carolina Arbeláez, autora de la iniciativa.

El proyecto obliga al Estado a una planificación de largo plazo que aproveche todo el potencial energético de la nación, desde las fuentes renovables hasta los recursos de hidrocarburos que posee el subsuelo colombiano, para evitar la dependencia de costosas importaciones que encarecen el servicio y ponen en riesgo la estabilidad del país.

“Mientras en Colombia caen las inversiones para explorar nuestro propio gas y petróleo, las tarifas para los hogares y la industria se disparan hasta en un 36%. Estamos importando energía que tenemos en casa. Este proyecto es muy importante porque, es usar lo nuestro para garantizar la energía de todos, proteger los empleos y la competitividad de Colombia”, señaló el Representante Juan Fernando Espinal, también autor del proyecto.

La propuesta legislativa establece cinco propósitos fundamentales: 1) Reconocimiento como derecho colectivo, 2) Planificación para la estabilidad del servicio energético, 3) Equidad energética para cerrar brechas, 4) Una transición energética justa y responsable, y 5) Resiliencia y soberanía nacional.