La Refinería de Cartagena, una de las principales productoras de combustibles del país, enfrenta la mayor crisis financiera de su historia tras la ratificación de una exigencia fiscal por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
La entidad tributaria reclama un pago retroactivo que supera los 1,3 billones de pesos, activando un proceso de cobro coactivo que podría paralizar las operaciones de la refinería en menos de 15 días.
La disputa se centra en un concepto emitido por la DIAN en diciembre de 2024, el cual determinó que Ecopetrol, a través de su filial Reficar, debe cancelar el 19% del Impuesto al Valor Agregado, IVA, sobre el diésel y la gasolina que importa. Dado que Reficar opera bajo el régimen de zona franca, sus productos vendidos en Colombia son considerados importados desde la perspectiva de la DIAN.
El monto total de la presunta deuda, que incluye obligaciones correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, asciende a aproximadamente 1.5billones de pesos.
Esta decisión administrativa pone a Reficar en una situación de riesgo inminente, ya que la DIAN está facultada para iniciar un proceso de cobro coactivo, lo que incluye el embargo inmediato de las cuentas bancarias de la compañía.
De materializarse la medida de embargo, Reficar perdería su capital de trabajo y solo podría operar unos 15 días antes de una suspensión temporal de la producción. Un eventual apagado de Reficar, que produce cerca de 200 mil barriles diarios, impactaría gravemente el mercado nacional de combustibles y comprometería el suministro de gasolina, diésel y combustible tipo Jet, especialmente en la Costa Caribe. Además, el cierre afectaría directamente a unas 2.300 personas que dependen de la operación.
Existe también una preocupación adicional de que, si Reficar no cancela el 19% de IVA en el futuro, sus productos podrían ser catalogados como contrabando, exponiendo a la empresa a sanciones y procesos legales adicionales.
Reficar interpone acción de tutela
En un intento desesperado por frenar la ejecución del cobro coactivo, la Refinería de Cartagena, Reficar, radicó una acción de tutela ante el Juzgado Administrativo de Cartagena.
La tutela, firmada por Alejandro Linares Cantillo como apoderado de la refinería, solicita una medida provisional urgente con base en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. El objetivo central es que el juez constitucional suspenda provisionalmente cualquier medida de embargo mientras se resuelve el fondo del litigio tributario.
Reficar argumenta que la ejecución del embargo vulneraría derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y el acceso efectivo a la justicia. El escrito judicial enfatiza que “sin una intervención judicial inmediata, la ejecución del embargo podría paralizar operaciones esenciales de la refinería y comprometer su estabilidad financiera”.
La entidad también señaló que “El ejercicio del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas no puede convertirse en una simple expectativa,” citando jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Riesgo sistémico para Ecopetrol
La crisis no solo amenaza la operación de la refinería, sino que también tiene consecuencias graves para su casa matriz, Ecopetrol, que mantiene bonos de deuda internacionales con cláusulas que se activarían si alguna de sus filiales es embargada por más de 100 millones de dólares. En ese escenario, se adelantaría la exigencia de pago de la totalidad de la deuda corporativa de Ecopetrol, estimada en 120 billones de pesos.
Además, el conflicto fiscal podría escalar, ya que la DIAN está analizando una segunda acción tributaria contra Ecopetrol por 7,5 billones de pesos, relacionada con la importación de gasolina. De ejecutarse ambas medidas, las autoridades fiscales podrían embargar hasta 15 billones de pesos entre las dos compañías, lo que podría generar el riesgo de cierre temporal de varios campos de producción de Ecopetrol y comprometer el abastecimiento de energía y las finanzas públicas.
La decisión judicial sobre la medida provisional solicitada en la tutela será clave para definir el curso inmediato de este proceso, que pone en evidencia la tensión entre las obligaciones fiscales y la viabilidad operativa de una infraestructura energética vital para el país.
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