En una carta del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, el organismo advierte sobre cuatro riesgos graves que podrían llevar a un racionamiento de energía y gas, comprometiendo la seguridad energética de Colombia en medio de una caída sostenida en la producción de hidrocarburos.
El pronunciamiento llega después de casi un año de advertencias previas sin que, según la entidad, se hayan tomado medidas concretas para enfrentar los riesgos que hoy se agudizan.
“Debo acudir nuevamente a esa cartera ministerial para expresar la preocupación de la Contraloría General de la República en torno a la seguridad y confiabilidad energética del país”, señala el documento.
La carta detalla los siguientes cuatro principales riesgos que enfrenta el sector energético colombiano:
Caída de ingresos fiscales y regalías
La Contraloría advierte una reducción significativa en los ingresos de la Nación, derivada de la caída en la producción y exportación de hidrocarburos. Esto no solo afecta las regalías que reciben las regiones, sino también los impuestos que generan las empresas del sector.
“Ante un eventual desabastecimiento o incremento en los combustibles (gas, ACPM, gasolina) muchas empresas podrían desaparecer”, advierte el organismo.
Encarecimiento del gas y los combustibles
La baja producción interna obligaría al país a importar gas y derivados a precios internacionales, encareciendo los costos de energía.
El efecto dominó impactaría los subsidios que el Estado paga por servicios públicos, ya que el Gobierno tendría que asumir un mayor gasto sin contar con los ingresos suficientes para sostenerlo.
Caída de la inversión extranjera directa
La no firma de nuevos contratos de exploración y explotación en hidrocarburos desincentiva la llegada de inversión extranjera, debilitando la confianza de los mercados y reduciendo la capacidad de financiamiento del sector.
Aumento de subsidios por combustibles importados
Al depender más de las importaciones, los precios del combustible podrían subir, elevando los subsidios que el Estado debe pagar para contener el impacto sobre los usuarios, lo que presionaría aún más las finanzas públicas.
El contralor Rodríguez lamentó que, pese a las advertencias hechas desde 2024, “no se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos”.
Además, recordó que desde inicios de 2025 la Contraloría solicitó al Ministerio de Minas información detallada sobre el plan de transición energética del país, pero hasta la fecha no ha recibido una respuesta oficial.
Esta falta de claridad sobre el rumbo de la política energética y la ausencia de un cronograma verificable preocupa al organismo de control, especialmente en momentos en que el país necesita garantizar el suministro ante la reducción de reservas y la inestabilidad climática.
Ausencia de infraestructura robusta
Otro de los puntos críticos señalados en la carta es la ausencia de una infraestructura robusta que garantice la estabilidad del sistema energético.
La Contraloría advierte la necesidad de plantas, redes de transmisión y almacenamiento que fortalezcan la capacidad del país para enfrentar contingencias.
También cuestiona la falta de claridad en la diversificación de fuentes de energía, lo que deja al país excesivamente dependiente del petróleo y el gas, justo cuando la transición hacia energías renovables debería consolidarse con inversiones claras y sostenibles.
De esta manera para reducir el riesgo energético, el gobierno debe acelerar contratos de exploración, diversificar la matriz energética, invertir en infraestructura de transmisión y almacenamiento, y estabilizar los subsidios.
“La presión sobre las tarifas, producto del incremento en el componente de suministro, originado por el mayor precio de la molécula importada, hace necesario disponer de recursos adicionales en el presupuesto general de la nación para atender el pago de subsidios, sin que se disponga de los ingresos adicionales suficientes”, subraya el contralor.
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