Registrador Nacional remite al Consejo de Estado decisión sobre legalidad de la consulta popular convocada por Petro

El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha decidido remitir al Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la decisión sobre la legalidad de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro.

Esta consulta busca preguntarle a la ciudadanía sobre la reforma laboral propuesta por el gobierno, pero ha generado controversia debido a la falta de aprobación previa del Senado, como exige la Constitución.

Penagos, quien asumió el cargo en 2023, ha mantenido una postura prudente y ha evitado alineamientos políticos evidentes. Su carrera incluye cargos como diputado, representante a la Cámara y magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es percibido como alguien respetuoso de la institucionalidad y del poder judicial, lo que lo aleja de favorecer una consulta impulsada por Petro sin respaldo legal claro.

La convocatoria de la consulta popular por parte de Petro ha sido rechazada por el Senado y ha generado múltiples demandas legales.

Juristas de renombre han calificado la acción como prevaricato, mientras otros la defienden. La Corte Suprema deberá decidir sobre las implicaciones penales.

Marco constitucional y legal

La decisión del registrador Penagos de remitir el asunto a las altas cortes y entidades competentes busca garantizar que la consulta popular se ajuste al marco constitucional y legal del país. Se espera que el Consejo de Estado y la Procuraduría emitan pronunciamientos que clarifiquen la viabilidad de la consulta y su impacto en el ordenamiento jurídico colombiano.

Mientras tanto, el presidente Petro ha reiterado su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si la Corte Constitucional invalida su propuesta de consulta popular.

En tal caso, recolectaría ocho millones de firmas como respaldo ciudadano para sacar adelante una Constituyente.

La situación ha generado un ambiente de tensión institucional, con la Iglesia católica mediando para facilitar el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se espera que las decisiones de las altas cortes y entidades competentes sean clave para resolver este conflicto y definir el futuro de la consulta popular en Colombia.