Una nutrida lista de más de 100 economistas, académicos y figuras públicas de Colombia, dirigieron una carta a la Mesa de Concertación del Salario Mínimo con el propósito de hacer un llamado urgente a los actores de la mesa —trabajadores, empleadores y gobierno— para que logren un acuerdo responsable y sostenible en la fijación del salario mínimo de 2026.
Los firmantes enfatizan que el salario mínimo es una herramienta esencial que garantiza dignidad y protege a los trabajadores formales, siendo clave para impulsar la equidad y la protección social. Sin embargo, su fijación debe ser coherente con la realidad económica del país y seguir lineamientos constitucionales y legales que garanticen un ingreso vital y móvil.
El argumento central de los expertos es que, para preservar la función económica del salario mínimo y garantizar un ingreso digno, la concertación debe ajustarse estrictamente a la inflación y a la productividad laboral.
Señalaron que el salario mínimo juega un papel fundamental en la economía, afectando la demanda laboral formal, la oferta de trabajo, la competitividad, la sostenibilidad pensional y las finanzas públicas. “En economías modernas es natural que los salarios, incluido el mínimo, se actualicen para compensar la inflación causada o esperada. Las ganancias de productividad también deben reflejarse en mejores salarios, impulsando crecimiento y empleos de calidad. Ajustar el salario mínimo conforme al costo de vida y la productividad preserva su función y genera un entorno predecible para hogares y empresas”, expresan los firmantes.
Subrayaron que, dado que el 55% de los ocupados en el país es informal (cifra que asciende al 80% en el campo), y por cada trabajador con salario mínimo hay cuatro informales, las variables más relevantes en la concertación deben ser la inflación y la productividad.
Además, recordaron que el salario mínimo no es la herramienta más idónea para solucionar problemas de distribución del ingreso y equidad, ya que otras medidas pueden ser más efectivas.
Advertencia sobre aumentos excesivos
En la carta se advierte sobre los efectos perjudiciales que tendría un aumento salarial que supere los parámetros de inflación y productividad.
Según los expertos, aumentos del salario mínimo por encima de estos criterios generan los efectos contrarios a los deseados: mayor informalidad y presiones a los precios, lo cual afecta en mayor medida a la población de menores ingresos.
Adicionalmente, se afecta gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas. La misiva cita que el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 supuso un incremento del salario mínimo del 7,1%. De acuerdo con análisis de Anif, cada punto porcentual adicional a esta previsión le costará a los contribuyentes y a la Nación cerca de 240 mil millones de pesos en pensiones, y aproximadamente 600 mil millones de pesos en gasto total no financiado.
Los observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana han sido enfáticos en llamar la atención sobre estos riesgos.
Los firmantes concluyen que un acuerdo responsable, basado en criterios técnicos, es la única manera de proteger a los trabajadores y abrir oportunidades para quienes hoy están en la informalidad o buscando empleo. Confían en que el diálogo serio permitirá un acuerdo justo, sostenible y favorable al empleo formal y al crecimiento.
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