La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) emitió una advertencia al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sobre los graves riesgos que representan las Resoluciones CREG 101 120 y 101 126 de 2026 para la seguridad energética, la producción minera y el abastecimiento térmico nacional.
El gremio precisó que el foco del problema radica en que el nuevo marco regulatorio impone severas penalizaciones económicas a los establecimientos industriales cuyos consumos de energía eléctrica superen las metas asignadas.
En concreto, la normativa contempla un recargo del 70% sobre la tarifa de referencia para aquellos consumos que rebasen el 110% del límite individual establecido para usuarios industriales regulados.
De acuerdo con la agremiación, las metas fueron fijadas sobre un periodo de fuerte contracción de la actividad carbonífera. Por ende, el paulatino restablecimiento de la producción durante 2026 deriva en sanciones automáticas, a pesar de responder al incremento operativo y no a ineficiencias energéticas.
Como consecuencia directa, los pequeños y medianos productores de carbón en Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Córdoba enfrentan un aumento de hasta el 10% en sus costos de producción.
Este incremento mermaría drásticamente la competitividad comercial de las empresas que suministran el carbón térmico necesario para respaldar la generación eléctrica en el país.
Postura del gremio y solicitudes al Ejecutivo
Frente a este escenario, el presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, advirtió sobre las repercusiones para el sistema eléctrico nacional.
“Ahorrar energía es necesario, pero encarecer la producción del carbón que demandan las termoeléctricas puede tener consecuencias inesperadas para garantizar el suministro eléctrico que requiere el país. Ya hemos puesto esta situación en conocimiento de la CREG y del Ministerio de Minas y Energía, y solicitamos una solución regulatoria que evite poner en riesgo la competitividad de los productores y la confiabilidad del sistema eléctrico. Proteger la seguridad energética también implica garantizar la capacidad de producir el carbón que Colombia necesita”, expresó Cante.
Ante esta coyuntura, el gremio solicitó formalmente excluir a la industria del carbón del esquema de penalizaciones o, en su defecto, establecer una metodología diferenciada que reconozca los ciclos productivos y condiciones operativas reales de la minería.
Asimismo, Fenalcarbón reiteró su disposición para concertar alternativas con las autoridades que concilien las metas de ahorro energético con el suministro continuo de combustible a las térmicas, especialmente frente a las amenazas del fenómeno de El Niño.
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