Se fuga el menor de 17 años que se entregó por planear atentado contra Miguel Uribe Turbay

Un adolescente de 17 años que el pasado 25 de julio se entregó voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación, asegurando haber participado en la planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha escapado de su custodia bajo medidas de protección del ICBF.

Fue la Procuraduría General de la Nación la que suministró la información a través de su cuenta de X: “La @PGN_COL manifiesta su rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del @ICBFColombia”.

Y agregó: “Este despacho ha iniciado las indagaciones correspondientes para establecer responsabilidad de los hechos, condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente y pide a las autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación”.

El joven se presentó ante las autoridades, manifestando su interés en colaborar con la investigación sobre el atentado ocurrido el 7 de junio en Fontibón, Bogotá, en el que resultó gravemente herido el político del Centro Democrático.

Tras entregarse, quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, firmando un compromiso de ampliar su testimonio e ingresar a un esquema de protección.

Investigación interna para establecer responsabilidades

Sin embargo, días después, logró escapar de la custodia asignada. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre cómo se produjo la fuga, si fue durante una diligencia o en algún traslado. El ICBF y la Fiscalía han iniciado una investigación interna para establecer responsabilidades y determinar el alcance de las fallas de seguridad.

Este joven de 17 años se convirtió en el segundo menor de edad implicado, identificado en el atentado. Anteriormente, otro adolescente de 14 años fue imputado por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, aunque rechazó los cargos y permanece bajo internamiento preventivo en el búnker de la Fiscalía. Se trata del autor material de los disparos, mientras se investiga la red criminal detrás del ataque.

El atentado, catalogado como un acto político, ha movilizado a diversas entidades nacionales e internacionales. El Gobierno ofreció una recompensa de hasta tres mil millones de pesos por información sobre los organizadores del crimen, y también se solicitó apoyo de agencias extranjeras para rastrear el origen del arma usada —una pistola Glock 9 mm adquirida legalmente en Arizona, EE. UU.— que fue utilizada en el ataque.

Las autoridades enfrentan ahora un nuevo reto: capturar al menor fugado, reconstruir su posible rol dentro de la red que organizó el atentado y evitar que se pierda información clave que podría ayudar a esclarecer autorías intelectuales.

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