En respuesta a recientes revelaciones periodísticas, el presidente Gustavo Petro se desmarcó de la presunta red de corrupción liderada por Juliana Guerrero y su hermana, señalando que los hechos denunciados no constituyen una toma del erario, sino un engaño a particulares.
El mandatario reaccionó así a la investigación de la revista Semana, que señala a Guerrero de haber solicitado coimas a cambio de gestionar contratos en diversos ministerios del Gobierno nacional.
El jefe de Estado subrayó que, según la propia información divulgada, las gestiones para obtener dichos contratos no prosperaron, lo que a su juicio demuestra que no hubo una afectación directa a los recursos del Estado a través de la adjudicación de licitaciones.
Para Petro, lo que las pruebas sugieren es un escenario de “robo” a los propios contratistas que buscaban acceder a los negocios de manera irregular.
En sus declaraciones, el presidente sugirió que las víctimas de estas supuestas estafas podrían ser personas con intereses políticos opuestos a su administración, mencionando específicamente que “a lo mejor eran abelardistas“.
Llamado a la justicia y entrega de pruebas
Ante la gravedad de los audios, chats y registros de consignaciones bancarias presentados en la investigación, el presidente Petro solicitó a la revista Semana que ponga en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación todo el material probatorio que tengan en su poder.
“Le pido a Semana que entregue los chats y las grabaciones a la Fiscalía”, enfatizó el mandatario, reiterando que su administración se mantiene firme en la lucha contra la corrupción y que no permitirá que se actúe bajo presiones, desestimando cualquier influencia de terceros en la toma de decisiones ministeriales.
Este escándalo, que también involucra a Verónica Guerrero, hermana de Juliana, continúa bajo el escrutinio público mientras se espera que las autoridades judiciales inicien las investigaciones pertinentes sobre la veracidad de los audios y la trazabilidad de los pagos denunciados.
Los hechos denunciados
La investigación periodística de la revista Semana ha puesto al descubierto un presunto y sofisticado entramado de tráfico de influencias y corrupción supuestamente liderado por las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.
Según la publicación, el modus operandi de estas mujeres consistía en presentarse como gestoras con acceso directo a altos niveles del Gobierno para direccionar millonarios contratos en diversas carteras, entre las que se mencionan los ministerios de Salud, Vivienda y Transporte.
El expediente de las hermanas Guerrero: Chats y coimas
De acuerdo con las revelaciones de Semana, las hermanas Guerrero habrían exigido el pago de coimas o “comisiones” por adelantado a cambio de asegurar la adjudicación de contratos estatales. Las pruebas que sustentan estas denuncias incluyen:
Audios y chats: Registros de conversaciones en los que se detallan las gestiones para favorecer a ciertos empresarios en procesos licitatorios específicos.
Consignaciones bancarias: Documentos que demostrarían el flujo de dinero ilícito desde los contratistas hacia las cuentas relacionadas con las hermanas, como pago por el supuesto “lobby” ante las entidades oficiales.
Influencia en ministerios: La publicación señala que Juliana Guerrero se jactaba de su capacidad para intervenir en los comités técnicos y jurídicos de los ministerios para ajustar los pliegos de condiciones a la medida de sus clientes.
Es bueno recordar que la Fiscalía General llamó a juicio a Juliana Guerreo por la obtención de títulos falsos de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, en la Fundación Universitaria San José. La acusan de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Más historias
Gobierno nacional presenta decreto para impulsar inversiones y modernizar los puertos de Colombia
La FSU “Tura” arribó a Buenaventura, es clave para el inicio de operación de Regasificadora del Pacífico
Juez revoca reintegro de Silvia Gette a la rectoría de la Uniautónoma: Jorge Senior se mantiene en el cargo