Sector energético enfrenta crisis estructural y financiera: Anif, presentan hoja de ruta con 5 ejes para el próximo gobierno

En el marco de su Asamblea General, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) presentó un diagnóstico sobre el futuro económico del país y delineó una “Hoja de ruta para el próximo gobierno”, inscrita en la iniciativa Colombia Progresa 2630.

Esta propuesta busca reformular la agenda de política pública para garantizar un crecimiento económico sostenido y consolidar un desarrollo equitativo en los próximos años.

El análisis de Anif advierte que el modelo de crecimiento actual de Colombia, basado fundamentalmente en el consumo de los hogares y las importaciones, no es sostenible. Si bien la economía ha mostrado un dinamismo posterior a la pandemia, explicado en gran parte por el aumento del consumo de los hogares (que creció 25% desde el primer trimestre de 2021), la inversión permanece estancada.

Afirma que la inversión presenta una caída del 5% frente a los niveles prepandemia de 2019, lo cual representa el componente crítico que requiere atención urgente para evitar que el país opere por debajo de su potencial de crecimiento.

La iniciativa Colombia Progresa 2630 surge como un plan destinado a promover un crecimiento sostenido con visión de largo plazo y el cierre de brechas sociales que impulsen el bienestar nacional. Para lograr este objetivo, la hoja de ruta identifica cinco ejes estratégicos fundamentales: Energía, Salud, Competitividad, Inclusión financiera y Seguridad.

Sector energético

En el documento se señala que el sector energético, fundamental para el sistema productivo, enfrenta una crisis estructural y financiera. Actualmente, acumula cerca de $6 billones en deudas entre subsidios pendientes y otros alivios, lo que genera un riesgo de desabastecimiento. En cuanto a la oferta, los proyectos de transmisión proyectados para 2025-2026 presentan retrasos de aproximadamente 4,5 años.

La situación del gas natural es igualmente preocupante. Las reservas se agotan y el gas nacional ya no cubre la demanda no térmica. Para 2026, solo el 70% de la demanda esencial estaría cubierta, generando presiones al alza en precios.

El centro de pensamiento afirma que este sector requiere estabilidad para asegurar el suministro y contribuir a la competitividad. Las reformas propuestas en este ámbito son: creación de confianza regulatoria, a través de una comisión operativa e independiente. Esta confianza es necesaria para reducir los riesgos que impiden la entrada oportuna de proyectos y garantizar un suministro seguro.

También es fundamental impulsar el sector energético con una regulación estable y predecible, subsanar la crisis financiera con recursos del desmonte del subsidio al diésel (cerca de $8 billones) e impulsar inversión de $70 mil millones en proyectos de transmisión para satisfacer la demanda de un sector productivo en crecimiento.

Sector salud

En el ámbito de la salud, el sistema atraviesa una crisis de sostenibilidad financiera y operativa. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han acumulado un patrimonio negativo de $12,4 billones a corte de agosto de 2025. Este deterioro patrimonial compromete directamente la atención a pacientes y afecta la capacidad operativa de toda la red de prestadores, desde hospitales hasta la industria farmacéutica.

Menciona el documento que, a corto plazo, se debe inyectar liquidez inmediata y definir un plan para las EPS intervenidas.

Estructuralmente, se proponen tres ejes: primero, preservar el aseguramiento mediante alianzas público-privadas, reconociendo que el sector privado aporta innovación y mejora la capacidad de ejecución.

Segundo, garantizar sostenibilidad financiera mejorando la eficiencia del uso de recursos y definiendo cómo incorporar nuevas tecnologías. Y tercero, integrar la salud individual y colectiva, descentralizando el manejo de salud pública para una rectoría funcional. Se necesita mayor gestión, mejor regulación y liderazgo desde los actores del sistema.

Trabas regulatorias y crisis de inversión

La competitividad se ve severamente obstaculizada por el exceso regulatorio. La Anif critica la “cultura de pedir permisos”, que impone múltiples requisitos para la formalización y la innovación. Esta carga es especialmente pesada para las microempresas, que constituyen el 92% del tejido empresarial colombiano. Se propone pasar de un control ex ante exhaustivo a una supervisión ex post efectiva para permitir la innovación con responsabilidad.

inclusión financiera

Respecto a la inclusión financiera, se indica que el bajo acceso al crédito formal es un desafío central, dado que solo el 35,5% de los mayores de edad contaban con un producto crediticio activo en 2024. La regulación actual de la tasa de usura desincentiva la prestación de servicios a perfiles de riesgo más alto. Como resultado, los agentes vulnerables son empujados hacia prestamistas informales e ilegales (gota a gota), donde las empresas pueden enfrentar tasas usurarias de hasta el 666%.

Se propone calcular la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC únicamente con líneas de consumo, reconociendo los perfiles de riesgo reales. Anif estima que esta modificación aumentaría la cartera de consumo en $7,9 billones y la comercial en $8,9 billones, ampliando el acceso al crédito formal.

Seguridad

Finalmente, Anif destaca que la seguridad es un pilar imprescindible, pues sin ella, difícilmente puede haber inversión o desarrollo sostenible. Colombia enfrenta una profunda crisis; en 2023, ocupó el cuarto lugar en América Latina con el mayor número de homicidios. El crimen organizado ha mutado, y la violencia actual proviene del enfrentamiento entre grupos ilegales por el control de mercados, lo que está cerrando espacios productivos en regiones clave del país.

Las propuestas para el próximo gobierno, para enfrentar la actual coyuntura son: crear acciones de política encaminadas a acabar con el delito político y su conexidad. Mejorar la tipificación de la violencia asociada al crimen organizado, incluyendo la pertenencia a organizaciones criminales como delito autónomo.

Permitir y fortalecer la persecución criminal efectiva de estas organizaciones reforzando las capacidades de la fuerza pública para desmantelar estructuras criminales.

La Asociación enfatiza que la reactivación de la inversión solo será posible con certidumbre jurídica y diálogo permanente entre el sector público y privado. La falta de reglas claras e inseguridad ya está paralizando proyectos en minería, infraestructura y energía, cerrando el camino hacia el crecimiento sostenido que el país necesita.

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