La Defensoría del Pueblo ha confirmado el fallecimiento de seis menores de edad (NNA) que habían sido víctimas de reclutamiento forzado por las disidencias de alias “Iván Mordisco”. Las muertes ocurrieron durante una reciente operación desarrollada por las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare contra dicha estructura criminal.
El organismo de control humanitario no solo confirmó el deceso de los seis menores, sino también la recuperación de cuatro cuerpos adicionales que hasta el momento permanecen sin identificar.
A raíz de este hecho, la Defensoría insistió en que el principio de humanidad debe prevalecer por encima de cualquier objetivo militar, aun en el contexto del conflicto.
La entidad enfatizó el estricto marco que impone el Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluso en medio de las hostilidades. De acuerdo con la Defensoría, el simple hecho de que los menores se encontraran dentro de un campamento armado y hubieran sido obligados a desempeñar funciones de combate no habilita su consideración como blancos legítimos de ataque.
La defensora Iris Marín, en un comunicado, afirmó categóricamente que “ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”. Señaló que si bien los menores pudieron haber perdido el estatus de civiles a causa de la coacción ejercida por los grupos armados ilegales, el DIH les otorga una protección reforzada.
Jurisprudencia internacional
Esta protección especial se fundamenta en principios esenciales reconocidos por la jurisprudencia internacional: la humanidad, la precaución, la necesidad militar estrictamente limitada y el interés superior de la niñez.
En línea con estos principios, la Defensoría recordó las obligaciones que recaen sobre las Fuerzas Militares, que se resumen en los siguientes aspectos.
Evaluación rigurosa: Las Fuerzas Militares están obligadas a evaluar cuidadosamente los métodos y medios utilizados en cada operación con el fin de evitar daños desproporcionados o innecesarios.
Necesidad limitada: La fuerza empleada no puede superar lo indispensable para alcanzar el objetivo militar, incluso si este es legítimo. La entidad reiteró que “está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias”.
Adoptar todas las precauciones
Marín pidió a las Fuerzas Militares adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los menores que, aun siendo forzados a participar en hostilidades, conservan su protección reforzada.
Finalmente, el organismo humanitario recalcó que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la causa raíz de su presencia en la operación, constituye una infracción grave del Derecho Internacional Humanitario y está categóricamente prohibido tanto por el ordenamiento constitucional colombiano como por el derecho internacional público.
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