Sociedad de Ingenieros del Atlántico advierte riesgos por terminación de concesiones y cambios en peajes

La Sociedad de Ingenieros del Atlántico (SIA) manifestó una preocupación técnica ante las recientes determinaciones del Gobierno Nacional respecto a la política de peajes y la terminación anticipada de concesiones viales. El gremio enfatiza que estas decisiones, particularmente la relacionada con el corredor Cartagena–Barranquilla (Autopistas del Caribe), no deben verse como hechos aislados, sino como acciones que impactan la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, el cuestionamiento al modelo concesional genera señales de incertidumbre jurídica y financiera. Esta situación, advierten, podría afectar la confianza de los inversionistas, encarecer el financiamiento de nuevos proyectos y limitar la capacidad del país para desarrollar infraestructura estratégica no solo en vías, sino también en puertos y aeropuertos.

Asimismo, la SIA alerta que, al depender exclusivamente del presupuesto público, sujeto a restricciones fiscales y prioridades políticas, se corre el riesgo de pasar de un mantenimiento preventivo a uno reactivo, lo que provocaría un deterioro acelerado de los activos, un aumento en los costos de rehabilitación y mayores riesgos para la seguridad vial.

La organización defiende que, durante más de tres décadas, el modelo de concesiones ha permitido desarrollar y mantener la infraestructura bajo principios de eficiencia, siguiendo estándares internacionales de organismos como el Banco Mundial y el enfoque de conservación vial conocido como Provial. Por ello, advierten que la terminación prematura de contratos debe ser una medida excepcional y cuidadosamente sustentada para no comprometer la viabilidad de las asociaciones público-privadas que han sido determinantes para el progreso del país.

Ante este escenario, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico hace un llamado respetuoso a abrir un diálogo técnico y plural entre el Gobierno Nacional, las entidades del sector y los gremios de la ingeniería. El objetivo de esta convocatoria es evaluar objetivamente las consecuencias de estas decisiones y construir soluciones sostenibles que garanticen que corredores de altísimo impacto regional mantengan su operación en condiciones óptimas de seguridad y confort para el usuario, asegurando su estabilidad financiera una vez reviertan al Estado.