A tres días de la ceremonia de transmisión de mando presidencial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular que busca suspender el traslado de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali, abriendo un nuevo frente judicial sobre uno de los actos institucionales más importantes del país.
La decisión del alto tribunal no significa que la posesión haya sido suspendida, sino que la demanda cumple los requisitos para ser estudiada y que, antes de resolver la solicitud de una medida cautelar de urgencia, el despacho judicial ordenó recaudar información de varias entidades estatales involucradas en la organización del evento.
¿Qué busca la demanda?
La acción popular, presentada por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera, solicita que el Tribunal ordene la suspensión provisional de las decisiones mediante las cuales el Congreso autorizó trasladar la posesión presidencial desde Bogotá hasta Cali.
Argumenta presuntas afectaciones a derechos colectivos como la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público, la seguridad, la legalidad del gasto y la transparencia de la función pública.
Según el demandante, las autoridades deberían demostrar que el cambio de sede cuenta con soportes jurídicos, presupuestales, logísticos y de seguridad suficientes, antes de ejecutar el evento programado para el próximo 7 de agosto.
Tribunal pidió información antes de decidir
En el auto de admisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca requirió información al Congreso de la República, así como a otras entidades nacionales y territoriales relacionadas con la organización de la ceremonia.
Entre los documentos solicitados figuran las actas mediante las cuales se aprobó el traslado, los conceptos jurídicos que respaldan la decisión, estudios de costos, análisis de seguridad, disponibilidad presupuestal y los planes de contingencia previstos para el desarrollo del acto protocolario.
Asimismo, el despacho vinculó como tercero con interés directo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, debido a que el resultado del proceso podría incidir en la realización de la ceremonia de posesión.
La posesión sigue programada
Pese a la admisión de la demanda, la posesión presidencial continúa programada para el próximo 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, mientras el Tribunal analiza si existen fundamentos suficientes para decretar o no la medida cautelar solicitada.
Las entidades demandadas disponen del término legal para responder la acción y aportar las pruebas requeridas, tras lo cual el despacho adoptará una decisión sobre la solicitud de suspensión provisional. Hasta el momento, no existe una orden judicial que impida la realización del acto de posesión.
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