Veeduría Ciudadana rechaza liquidación de Air-e, califica anuncio de irresponsable y advierte riesgo de apagón

La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e —integrada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la Andi— manifestó un enérgico rechazo al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de la empresa Air-e Intervenida.

La organización calificó la medida como “irresponsable, imprudente” y denunció que “carece de sustento jurídico”, alertando que esta decisión agrava la crisis energética en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Según el comunicado de la Veeduría, la intención de liquidar la compañía sin un operador de reemplazo ni un plan de pagos para los generadores constituye una violación al artículo 365 de la Constitución Política y a las leyes 142 y 143 de 1994.

Los expertos de la Veeduría señalan que cualquier proceso de liquidación debe respetar las etapas de la intervención adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, requisitos que hasta el momento no han sido verificados por las autoridades competentes.

Además, advierten que pretender trasladar la operación a GECELCA o realizar una fusión empresarial en las pocas semanas que restan del actual Gobierno es “poco realista”. Una integración de tal magnitud requiere trámites regulatorios y procesos financieros que usualmente toman años, y no se han considerado los límites legales a la integración vertical ni los derechos de los acreedores.

“Una eventual transición exige el cumplimiento de múltiples requisitos regulatorios, financieros, contractuales y operativos, entre ellos la identificación y transferencia de activos, la cesión de contratos, la constitución de garantías, la aprobación de cargos regulatorios, la adecuación de plataformas tecnológicas y la implementación de todos los mecanismos requeridos para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios”, precisa el documento.

Amenaza de apagón y crisis financiera

La situación financiera de Air-e bajo la administración del Gobierno Nacional es crítica. La Veeduría reveló que existen deudas superiores a los $2,5 billones con generadores y transmisores de energía. El incumplimiento de estos pagos, sumado a la incertidumbre generada por el anuncio de liquidación, pone al país en un riesgo real de apagón nacional.

“Debilitar la confianza en la cadena de suministro eléctrico pone en riesgo las condiciones necesarias para garantizar el abastecimiento”, señala el documento, haciendo énfasis en que esta inestabilidad ocurre justo cuando el sistema debe afrontar el incremento de la demanda y las presiones climáticas del fenómeno de El Niño.

Impacto en la región y llamado a organismos de control

Para la Veeduría, la prioridad absoluta debe ser proteger a los más de 1,3 millones de usuarios en la región Caribe. Antes de cualquier liquidación, el Gobierno debería garantizar un operador con capacidad técnica y solidez financiera comprobada, algo que actualmente no está asegurado.

Ante lo que consideran una gestión que profundiza la incertidumbre, la Veeduría hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que intervengan de inmediato. Instan al Ejecutivo a actuar con rigor técnico y transparencia para evitar un colapso total del sistema eléctrico colombiano.